Dos meses después de que unos 300 ciudadanos surcoreanos fueran detenidos durante una redada migratoria en una planta de vehículos eléctricos de Hyundai en Georgia, varios de ellos han regresado a sus empleos, confirmó la compañía. El operativo, realizado en septiembre, paralizó los trabajos de construcción en una planta de fabricación de baterías ubicada en las afueras de Savannah. Según las autoridades, muchos de los 475 trabajadores detenidos permanecían en el país con visas vencidas o bajo exenciones que no les permitían laborar.
HL-GA Battery Co., responsable de la planta, informó que las obras se reanudaron con nuevos empleados y con parte del personal que había sido detenido. La compañía agradeció la cooperación de los gobiernos de Estados Unidos, Corea del Sur y de los funcionarios de Georgia, destacando que “la producción sigue prevista para iniciar en la primera mitad del próximo año”.
Mary Beth Kennedy, portavoz de la empresa, señaló a The Associated Press que entre los trabajadores reincorporados hay algunos de los surcoreanos arrestados, aunque no divulgó cifras. Los detenidos pasaron una semana en un centro de Georgia antes de ser liberados y enviados de regreso a Corea del Sur tras gestiones diplomáticas.
La redada, ejecutada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), generó molestia en Corea del Sur, donde se percibió como una afrenta hacia un aliado estratégico de Estados Unidos. En aquella ocasión, el ICE difundió imágenes de los trabajadores esposados, lo que provocó indignación pública.
La planta, una de las mayores inversiones industriales del estado con un costo de $7,600 millones, pertenece a Hyundai Motor Group y produce vehículos eléctricos en alianza con LG Energy Solution. De los arrestados, la mayoría eran ingenieros y técnicos especializados que habían viajado temporalmente a Estados Unidos para instalar equipos y respaldar la puesta en marcha de la instalación.
No se ha confirmado cuántos de los trabajadores volverán a sus puestos. El abogado Jongwon Lee indicó que al menos dos de ellos planean regresar tras haber verificado con el Departamento de Estado de Estados Unidos la validez de sus visas B-1. No obstante, Kihwan Kim, presidente de la Federation of Korean Associations para el sureste de Estados Unidos, aseguró que otros aún dudan en regresar tras lo que describió como “una humillación”.
El conflicto llevó al gobierno surcoreano a solicitar una revisión del sistema de visas para trabajadores calificados. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur anunció recientemente que Washington permitirá que ciudadanos surcoreanos con visas de corto plazo participen en proyectos industriales en Estados Unidos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió inicialmente el operativo al argumentar que los obreros “estaban aquí ilegalmente”, aunque luego, durante una visita a Seúl, matizó su posición y declaró: “Me opuse a sacarlos”.
