El juez Rafael Taboas Dávila, del Tribunal de San Juan, determinó “no culpable por duda razonable” al activista y cineasta José Alberto “Tito” Román Rivera. El director del documental “El Antillano” enfrentaba un cargo por lanzar pintura roja sobre estatuas de presidentes de Estados Unidos ubicadas en la avenida Constitución, en el lado sur del Capitolio.
Durante la vista, el juez expresó que su determinación se basó en la interpretación del derecho, la evidencia testifical y documental, y su conciencia judicial. “La razón de ser de este juez responde simple y únicamente al derecho, la prueba y la conciencia mía”, afirmó en sala.
La decisión llegó luego de escuchar los alegatos finales de la licenciada María Soledad Sáez, representante legal de Román, y del fiscal Luis Valentín Córdova, en la sala 907 del Tribunal. En febrero, la jueza Joie-Lin Laó Meléndez había determinado causa para juicio en solo uno de los ocho cargos originales contra el cineasta.
En ese momento, Román expresó en redes sociales que “de los ocho cargos graves, ahora solo iremos a juicio por uno”, y agradeció el trabajo de su equipo legal y el respaldo del público: “¡Viva Puerto Rico Libre!”, escribió en Facebook.
Según la investigación del agente Eduardo Maldonado, de la División de Propiedad, los hechos ocurrieron el 29 de octubre de 2024, cuando Román supuestamente utilizó una lata de pintura roja para cubrir con la sustancia las estatuas de los presidentes estadounidenses. El acto fue catalogado como una manifestación en respuesta a comentarios del comediante Tony Hinchcliffe, quien había descrito a Puerto Rico como una “isla flotante de basura” durante un evento del entonces candidato presidencial republicano Donald Trump.
El Negociado de la Policía arrestó a Román tras el incidente. La pesquisa señaló que el acto habría causado daños a bienes de valor histórico y artístico pertenecientes a la Superintendencia del Capitolio. El Departamento de Justicia informó que la limpieza y restauración de las esculturas tuvo un costo superior a los $40,000 para el erario público.
