El domingo, los ciudadanos del Perú acudieron a las urnas en un crucial balotaje para elegir entre dos candidatos presidenciales. En medio de la creciente preocupación por el crimen que sacude al país, más de 27 millones de peruanos fueron convocados a votar en una segunda vuelta electoral que enfrenta a dos figuras en extremos ideológicos opuestos.
Inicia la jornada de votación
A las siete de la mañana, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, anunció el inicio de la jornada electoral. Aseguró que «el sistema electoral ya está listo para esta fiesta electoral», garantizando que todos los materiales necesarios habían sido distribuidos exitosamente a los centros de votación.
Los electores deben elegir entre Keiko Fujimori, líder del partido conservador Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, representante del partido nacionalista Juntos por el Perú. Ambos candidatos se encuentran en un empate técnico, de acuerdo con las encuestas más recientes, a pesar de la significativa cantidad de indecisos. La meta es gobernar por un quinquenio a partir del 28 de julio, fecha que coincide con la celebración nacional.
Más del 70% de los votantes en la primera vuelta de abril no eligieron ni a Fujimori ni a Sánchez. En esa ocasión, Fujimori obtuvo el 17.18% de los votos, mientras que Sánchez alcanzó el 12.03%. En las encuestas de finales de mayo, ambos candidatos enfrentaban un alto nivel de rechazo: 40% de los encuestados no votaría por Fujimori y 38% no lo haría por Sánchez, según Ipsos Perú.
Propuestas y desafíos de los candidatos
Fujimori, quien participa en su cuarto intento por la presidencia, ha prometido un gobierno fuerte que luche contra las extorsiones y mantenga las inversiones, tanto nacionales como internacionales. Ha asegurado que gobernará por cinco años con un equipo de expertos, con la intención de restablecer «el orden» respetando la constitución y el banco central. Calificó a Sánchez como sinónimo de «caos».
Por su parte, Sánchez se mostró abierto a las inversiones extranjeras, en especial de Estados Unidos y China, aunque su plan incluye renegociar contratos en recursos naturales. Criticó a Fujimori por su imagen de «señora del orden» y afirmó que su partido promovió leyes procriminales que favorecen al crimen organizado.
Esas leyes incluyen la eliminación de la detención preliminar en ausencia de flagrancia, la dificultad para procesar a partidos políticos como criminales, aumentos en los requisitos para confiscar bienes ilícitos y la obstaculización de colaboraciones eficaces y allanamientos. Sánchez prometió revocar estas leyes si resulta electo.
Impacto económico y político
Al analizar el futuro económico y político del país, Fitch Ratings advirtió que una elección de Fujimori impulsaría la inversión privada, mientras que una victoria de Sánchez generaría incertidumbre fiscal y contractual. Aunque, independientemente de quién gane, los problemas de gobernabilidad —evidentes en el paso de ocho presidentes en una década— y la actual composición del Congreso sin mayoría clara, limitarán la capacidad del próximo gobierno para implementar reformas vitales.
A pesar de los retos políticos, el banco central del Perú ha conseguido mantener la inflación anual en 1.5% para el 2025, colocándola entre las más bajas a nivel global.
Fuente: El Nuevo Día
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