Ley para el control de cerdos salvajes
Ante la «crisis» de la proliferación de cerdos salvajes en fincas agrícolas de Puerto Rico, la gobernadora Jenniffer González ha promulgado una ley que determina que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) debe autorizar a los agricultores afectados para cazar estos animales bajo un permiso especial con una vigencia inicial de dos años.
La legislación, al mismo tiempo, establece la prohibición del transporte, venta o consumo de la carne de estos cerdos salvajes cazados bajo dicha autorización, imponiendo una multa de $500 a aquellos que incumplan con esta norma.
«Los agricultores en la isla han enfrentado pérdidas significativas a lo largo de los años debido a la proliferación incontrolada de cerdos salvajes. Esta ley brinda la oportunidad de actuar con rapidez y responsabilidad, protegiendo nuestras cosechas y, por tanto, respaldando a nuestros agricultores y reforzando la seguridad alimentaria de Puerto Rico», declaró González en un comunicado oficial.
Detalles de la Ley 102-2026
Bajo la autoría del representante Axel «Chino» Roque, la Ley 102-2026, también conocida como «Ley para Controlar la Amenaza Porcina a Nuestros Agricultores», permite que cualquier agricultor afectado pueda cazar estos animales, en coordinación con el DRNA, el Departamento de Agricultura y otras agencias relevantes. Esta disposición también ordena la implementación de reglamentos y acuerdos interagenciales para asegurar que la gestión, disposición y control de los cerdos salvajes sean realizados de manera segura y conforme a los principios de salud pública y conservación ambiental.
El permiso de caza no deportiva para el control poblacional otorgado a los agricultores tiene una vigencia de dos años, con posibilidad de renovación. Los agricultores deberán presentar informes al DRNA y al Departamento de Agricultura sobre la cantidad de cerdos cazados en ese periodo.
La ley destaca que desde el huracán María en 2017, la proliferación de cerdos salvajes ha afectado a muchos agricultores. «Esta situación ha ocasionado una crisis preocupante para múltiple número de agricultores que, de un día para otro, enfrentan la destrucción completa de sus cosechas por estas manadas de cerdos. La magnitud de esta crisis amenaza la ya de por sí frágil sostenibilidad alimentaria de nuestra isla», señala la normativa.
Acciones complementarias del Gobierno
La gobernadora también firmó la Ley 103-2026, del representante Ángel Morey, que modifica el Programa de Oportunidades Financieras para Jóvenes Empresariales vinculado al Banco de Desarrollo Económico. Esta nueva legislación pretende agilizar los procesos para jóvenes emprendedores mediante la creación de un sistema de referidos que facilite la obtención de permisos, licencias y certificaciones necesarias para iniciar y desarrollar nuevos negocios.
«Con esta medida buscamos eliminar obstáculos innecesarios y facilitar que más jóvenes puedan transformar sus ideas en empresas que impulsen el desarrollo económico y generen oportunidades para Puerto Rico», afirmó González.
Además, la gobernadora enmendó la Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos, con el fin de incorporar mecanismos legales que permitan solicitar órdenes de protección frente a casos de maltrato, negligencia, abuso, hostigamiento, explotación financiera u otras conductas que pongan en peligro su seguridad y bienestar. Esta disposición permite que personas con impedimentos mayores de 18 años o terceros en favor de una víctima incapacitada, así como padres o tutores de menores de edad, puedan solicitar estos remedios civiles.
Fuente: El Nuevo Día
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