El Senado de Puerto Rico rechazó este miércoles diez medidas legislativas provenientes de la Cámara de Representantes, entre ellas el Proyecto de la Cámara (PC) 281, que hubiera otorgado autoridad legal al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) para actuar “sin solicitud previa” ante emergencias de erosión costera.
El senador independiente Eliezer Molina se opuso a la medida al considerar que permitiría intervenciones sin los endosos de las autoridades federales. “Usted no puede intervenir en una zona costanera sin que tenga los endosos de las autoridades federales, y aquí van una vez más a intentarlo”, expresó. La propuesta obtuvo 11 votos a favor y 15 en contra.
Según Molina, la medida convertiría al secretario del DRNA, Waldemar Quiles, en el “zar de la Emergencia”, con autoridad para intervenir en propiedades privadas ubicadas en zonas costeras. Por su parte, la senadora Roxanna Soto Aguilú, del Partido Nuevo Progresista (PNP), urgió a sus compañeros a respaldar el proyecto, argumentando que era necesario “romper paradigmas de burocracias administrativas” para agilizar la respuesta a emergencias climáticas, pero su esfuerzo no prosperó.
El pleno senatorial también rechazó el PC 352, impulsado por el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, y el representante José “Che” Pérez, que proponía eximir al Poder Judicial del Artículo 10.006 de la Ley 222-2011 sobre la fiscalización del financiamiento de campañas políticas. Los autores sostenían que los Cánones de Ética Judicial ya proveen las salvaguardas necesarias, citando el Canon 28, que prohíbe la participación político partidista de jueces y juezas.
Asimismo, se rechazaron los proyectos 108, 139 y 407, relacionados con estándares acústicos en escuelas públicas, ampliación de facultades de policías municipales y la declaración del bosque de la escuela Laura Mercado en San Germán como reserva agrícola, respectivamente. También fueron derrotadas las medidas 543, 544, 456, 568 y 624, que abordaban delitos por violación de órdenes de protección, procesos judiciales de menores y otras disposiciones legales.
En contraste, el Senado aprobó el Proyecto del Senado (PS) 769 para definir la política pública sobre inteligencia artificial (IA) y crear el Instituto de Desarrollo e Innovación de Inteligencia Artificial. El objetivo es posicionar a Puerto Rico como un centro de investigación y aplicación ética de la IA, fomentando la eficiencia gubernamental y la transparencia. El organismo estaría ubicado en Engine-4, en Bayamón, y trabajaría junto al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, la Universidad de Puerto Rico, el Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación, e Invest Puerto Rico. La medida fue aprobada con 22 votos a favor y cuatro en contra.
