El juez superior Anthony Cuevas convirtió en permanente la orden de cese y desista contra el Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Puerto Rico (UPR), al determinar que el gremio no podrá bloquear el acceso a ningún recinto del sistema universitario. La decisión, que refuerza una orden provisional emitida días antes, surge tras los paros que el Sindicato ha mantenido desde finales de octubre.
Durante la vista celebrada en el Centro Judicial de San Juan, ningún representante del Sindicato compareció. Pese a varios intentos, la UPR no logró emplazar formalmente al gremio. “Nuestra orden de cese y desista contra el Sindicato, sus abogados, cualquier miembro o persona que actúe en común acuerdo con este, le prohíbe bloquear los accesos o los edificios de los recintos”, expresó el juez Cuevas al emitir el fallo.
El presidente del Sindicato, David Muñoz, adelantó que tanto la organización como él personalmente apelarán la determinación. “La UPR nunca emplazó al Sindicato, lo que constituye una crasa violación al debido proceso de ley. La lucha continúa y ahora vigorizada. El Sindicato no obstruye… el Sindicato construye el porvenir”, declaró por escrito.
El 6 de noviembre, Cuevas había emitido una orden provisional que prohibía la obstrucción de accesos tras un paro iniciado en el recinto de Cayey el 27 de octubre. Según el Sindicato, la manifestación respondió a la reinstalación de un supervisor señalado por presuntas prácticas antiobreras.
El abogado de la UPR, Juan Casellas, explicó que la sentencia no limita el derecho del Sindicato a expresarse o realizar manifestaciones, sino que prohíbe específicamente impedir el acceso a los recintos. “Esto no afecta su capacidad de manifestarse ni entra en el componente del paro laboral”, dijo.
Durante la vista, las rectoras de Cayey, Arecibo y Ciencias Médicas (RCM) detallaron los efectos de los paros. La rectora del RCM, Myrna Quiñones, informó que el cierre del 3 de noviembre impidió atender a más de 250 pacientes en la clínica dental y provocó la reprogramación de exámenes.
El juez cuestionó además la falta de acción de la Policía ante las protestas, señalando que podría haberse infringido el Artículo 247 del Código Penal, que sanciona la obstrucción de labores en instituciones educativas o de salud. Cuevas también indicó que, pese a no poder emplazar directamente a Muñoz, el Sindicato tenía conocimiento del proceso, ya que circuló un boletín interno sobre la vista judicial. Por ello, declaró la incomparecencia del Sindicato como voluntaria y lo declaró en rebeldía.
