El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, afirmó que “no hay prisa” en el análisis del Proyecto del Senado 63, que propone cambios a la Ley 141-2019 sobre acceso a la información pública. Según indicó, la medida se evaluará cuando esté lista y sin presiones hacia la Comisión de lo Jurídico, presidida por José “Che” Pérez Cordero.
Méndez explicó que decidió promover la discusión de la medida del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, porque posponer el debate sería “no querer hacer nada”. A su juicio, la Ley 141-2019 es “mejorable”. “Seguir postergando era crear la expectativa de que no queríamos enfrentar un problema. Yo creo que el PS 63 es un problema y, a los problemas, no se les huye”, expresó durante la vista pública.
El proyecto propone duplicar el plazo para que las agencias entreguen información —de 10 a 20 días laborables, con una prórroga equivalente— y exigir datos adicionales de los solicitantes, como dirección postal y correo electrónico. Diversos gremios periodísticos, organizaciones profesionales y ciudadanos se opusieron firmemente al proyecto durante seis horas de vistas, criticando el proceso apresurado y la falta de participación amplia.
Carla Minet, directora ejecutiva del Centro de Periodismo Investigativo (CPI), calificó la medida como “un proyecto que nadie pidió y que no debería estar en la prioridad legislativa”. Añadió que duplicar los términos sería “nefasto”, recordando que algunas agencias demoran hasta 186 días en responder.
Datos de la Oficina de Administración de los Tribunales y del Proyecto de Acceso a la Información revelan que, bajo la administración de Pedro Pierluisi y hasta agosto de 2024, se han presentado más de 374 demandas para obtener información.
Los deponentes rechazaron el argumento de que las agencias carecen de recursos. Wilma Maldonado, del Overseas Press Club, recordó que mucha información ya está digitalizada, mientras Nydia Bauzá, de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, advirtió que extender los plazos busca “que el tema muera”.
Modesta Irizarry, líder comunitaria de Loíza, calificó las enmiendas como “desacertadas” y alertó sobre su impacto en comunidades sin acceso tecnológico. “Es bien bochornoso y me da coraje la falta de respeto a nuestras comunidades cada vez que tratamos de pedir información”, dijo emocionada.
También Nayda Bobonis, de la organización FURIA, advirtió que el proyecto es “perjudicial” para la participación ciudadana. Otras entidades, como el Colegio de Abogados, la ACLU y la Clínica de Asistencia Legal de la UPR, reiteraron su oposición.
Entre las agencias favorables a la medida, aunque con propuestas de enmiendas, figuran la Oficina del Inspector General (OIG), la Oficina de Administración de los Tribunales y el Departamento de Justicia. La secretaria de Justicia, Lourdes Gómez, defendió que la ley delimite el deber gubernamental a divulgar únicamente los documentos existentes “sin imponer cargas administrativas indebidas”.
