La defensa de Anthonieska Avilés Cabrera, acusada del asesinato de la joven Gabriela Nicole Pratts Rosario, ha llevado una petición de certiorari ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico con el propósito de detener el proceso judicial que se lleva a cabo en Aibonito.
El recurso, que consta de 25 páginas y fue presentado el pasado jueves, solicita al máximo tribunal que revoque la decisión reciente del Tribunal de Apelaciones, el cual determinó que Avilés Cabrera, de 18 años, es procesable para ser juzgada.
Tanto Avilés Cabrera como su madre, Elvia Cabrera Rivera, enfrentan cargos por asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas debido al homicidio ocurrido en agosto de 2025 en el desvío Roberto Colón, cercano al centro urbano de Aibonito.
El juicio contra la joven está programado para comenzar el martes, 23 de junio, a las 9:00 a.m., ante la presencia del juez Juan A. Reyes Colón.
La defensa de Avilés Cabrera ha solicitado respetuosamente que se acoja su petición de certiorari, lo que implicaría revocar la decisión del Tribunal de Apelaciones de la Región Judicial de Aibonito y, por ende, detener el proceso judicial hasta que se determine si Avilés Cabrera es procesable. Esto lo señalaron las abogadas María Soledad Sáez Matos, Rocío Revelles Ponce y Athelyn Jiménez Emanuelli, pertenecientes a la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL), quienes han manifestado consistentemente que la joven no está en condiciones de ser procesada.
«Anthonieshka Avilés Cabrera no está en condiciones de enfrentar el juicio que se aproxima. Informamos a la corte de esto, respaldados por un informe pericial, que debió ser suficiente para apoyar nuestra petición y referir a la joven a evaluación», expresaron las abogadas en su presentación.
Han argumentado que el enjuiciar a Avilés Cabrera sin garantizar su procesabilidad violaría su derecho al debido proceso que la Constitución le otorga. La defensa presentó un detallado relato de los hechos y disputas legales del caso ante el Tribunal Supremo, buscando frenar el juicio.
Se mencionaron las evaluaciones psicológicas realizadas a la acusada por los doctores José Malavé Orengo y Rosa E. Negrón Muñoz. Aunque tanto el Tribunal de Aibonito como el de Apelaciones han considerado que la joven es procesable, las abogadas sostienen lo contrario.
Un informe del Departamento de Educación, citado por la defensa, concluyó que Avilés Cabrera mostró deficiencias significativas en pruebas de inteligencia que evaluaban su comprensión verbal y razonamiento. También destacaron que sus habilidades visuales y motoras corresponden a las de un niño de unos diez años.
La defensa insistió en que, conforme el caso avanzó, se volvió más complejo para Avilés Cabrera comprender y comunicarse en la etapa judicial en que se encuentra.
Insatisfechas con la decisión del Tribunal de Apelaciones, las abogadas recurrieron al Supremo. Alegaron que el tribunal inferior se equivocó al no permitir suspender el proceso y evaluar la procesabilidad bajo la Regla 240 del Procedimiento Criminal.
Afirmaron que su petición estaba suficientemente respaldada como para cumplir con los estándares legales y que las decisiones previas vulneraron los derechos y el debido proceso al que Avilés Cabrera tiene derecho.
Al revisar documentos del Departamento de Educación y Salud, y durante entrevistas con Avilés Cabrera, emergieron hallazgos que cuestionan su capacidad. Según la perito Negrón Muñoz, la joven tiene limitaciones cognitivas para tomar decisiones informadas, lo cual se debe a su discapacidad intelectual y su nivel de desarrollo.
La defensa destacó la gravedad de los cargos que enfrenta, con posibles sentencias de hasta 99 años, y subrayó que debe verificarse su procesabilidad antes del juicio. Concluyeron que actualmente Avilés Cabrera no está lista para confrontar el complejo proceso que se avecina.
La fiscal Myriam Nieves Vera comentó que «responderemos cuando sea apropiado».
