El pasado jueves, la mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes de Puerto Rico desestimó el proyecto de ley propuesto por el representante Ensol Rodríguez. La medida, tramitada de manera expedita y sin vistas públicas, buscaba eliminar el derecho al voto a internos condenados por delitos graves que acarrean penas de al menos diez años.
Rodríguez, visiblemente decepcionado, expresó su pesar por la manera en que sus compañeros manejaron la situación. Señaló la importancia de que todos los proyectos se discutan públicamente para entender la perspectiva actual del gobierno sobre este asunto, recordando que este derecho se legalizó durante la administración de Carlos Romero Barceló, sugiriendo que el pensamiento ha cambiado desde entonces.
Junto a Lisie Burgos, representante del partido Proyecto Dignidad, Rodríguez presentó el Proyecto de la Cámara 1278. Como policía de profesión, Rodríguez ha manifestado consistentemente su oposición a que los detenidos puedan votar, sin importar el delito ejecutado. Argumentó que su propuesta no surgió de manera aislada, sino como respuesta a las demandas de sus votantes.
«Es irónico», opinó Rodríguez, «que individuos como violadores o asesinos puedan tener los mismos derechos que quienes han cumplido con la ley. ¿Qué mensaje estamos dando a la gente al no recompensar el cumplimiento de las normas?», cuestionó.
Por su parte, el representante Víctor Parés Otero, presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara, había prometido en entrevistas previas realizar vistas públicas sobre la medida. Anunció el 20 de mayo que solicitarían información al Departamento de Corrección, el Departamento de Justicia y la Comisión Estatal de Elecciones para comenzar tal proceso.
Rodríguez mencionó que no estaba al tanto de que su proyecto sería sometido a votación el jueves, en un trámite por descargue.
Cabe recordar que, a finales de 1977, antes de las elecciones de 1978, el entonces gobernador Romero Barceló promulgó la ley que permite el sufragio a los presos. Años después, en declaraciones a medios, Romero Barceló expresó su arrepentimiento por haber apoyado dicha medida.
En 2015, surgió un intento similar en la Legislatura para revocar este derecho a los convictos por delitos graves. El Proyecto de la Cámara 1296, presentado por Carlos Vargas Ferrer y Ángel Bulerín, no fue discutido en el Senado. Los proponentes argumentaban que mantener a los confinados fuera de los procesos políticos evitaba que se les usaran con promesas electorales incumplibles.
Finalmente, Rodríguez destacó que su propuesta no interferiría con el proceso de rehabilitación. Según él, marcar una papeleta cada cuatro años no influye en dicha rehabilitación y lamentó profundamente la decisión de la Cámara ese día.
