Este jueves, la Fiscalía federal anunció la recuperación de más de $4.1 millones de cuatro farmacias ubicadas en Puerto Rico y sus propietarios. Este logro se dio como parte de acuerdos civiles relacionados con denuncias de fraude en los programas de Medicare y Medicaid.
Las autoridades federales detallaron que estas farmacias y sus respectivos dueños acordaron el pago de $4.6 millones como solución a las acusaciones de facturar recetas desviadas en el periodo comprendido entre enero de 2021 y enero de 2024.
A través de un comunicado de prensa, la Fiscalía federal explicó que los medicamentos implicados fueron, supuestamente, vendidos a pacientes sin que estos conocieran su verdadera procedencia, presentándose como si fueran productos de fuentes legítimas, aunque no se pudo verificar el origen de los mismos.
Los funcionarios federales enfatizaron que este tipo de prácticas representa un “riesgo para la seguridad de los pacientes y afecta la integridad de los programas federales de salud”, los cuales requieren que los medicamentos sean distribuidos por proveedores autorizados.
Además, se señaló que los medicamentos desviados podrían haber sido manipulados o almacenados incorrectamente, comprometiendo así su seguridad y eficacia.
En particular, la Fiscalía federal precisó que la Farmacia Unity, ubicada en Aibonito, junto a sus propietarios Raúl Morera y Enid Rivera, acordaron pagar $600,000, de los cuales se han recaudado hasta ahora $165,000.
Por su parte, la Farmacia La Rampla, en Yabucoa, y su propietario Edwin Gómez, se comprometieron con el pago de $1 millón, monto que ya fue cobrado en su totalidad.
Asimismo, se indicó que la Farmacia Monte Verde, situada en Bayamón, con sus propietarias María T. Rivera y Valerie Cintrón, también acordaron el pago de $1 millón, cifra que ya fue recuperada por las autoridades.
Finalmente, la Farmacia Santa Olaya, también en Bayamón, y su propietario Jaime Figueroa, acordaron el pago de $2 millones, cantidad que ha sido cobrada completamente.
La investigación de estos casos fue llevada a cabo por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, con colaboración de la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos, la Oficina de Investigaciones Criminales de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y el respaldo de otras agencias federales y locales.
