David Sánchez, un músico y hermano del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, negó este jueves haber influido en la creación o adjudicación de su puesto como coordinador de conservatorios de la diputación de la provincia de Badajoz.
Durante el juicio ante la Audiencia de Badajoz, que investiga posibles irregularidades y trato de favor en un proceso de selección que culminó con su contratación en 2017, Sánchez respondió únicamente a las preguntas de su abogado, Emilio Cortés.
El cargo que obtuvo, al cual aplicaron diez personas, eventualmente se transformó en el de ‘jefe de la Oficina de Artes Escénicas’, cambio que, según Sánchez, él no solicitó ni afectó su salario. Este cambio fue atribuido a un incremento en el volumen de trabajo debido a numerosos proyectos musicales y culturales.
Sánchez aclaró que esta ‘oficina’ no era un espacio físico, sino un rol de coordinación entre varios conservatorios y el programa ‘Ópera joven’, el cual unía a estudiantes, profesores, grupos instrumentales y actividades.
Además, desmintió tener alguna influencia en la creación y adjudicación de otro cargo para su amigo Luis Carrero, quien se presentó como único candidato para el puesto de jefe de Coordinación de Programas de Actividades Transfronterizas.
Tanto David Sánchez como el expresidente socialista de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, junto con otras nueve personas, enfrentan juicios estos días por delitos de tráfico de influencias y prevaricación.
Gallardo también rechazó haber intervenido en el proceso de selección o en la decisión final sobre el puesto en cuestión. Al conocer que David Sánchez se postulaba para el cargo, comentó: «¡Que gane el mejor!», según su declaración.
Explicó que durante una reunión preparatoria de los presupuestos de 2017 de la Diputación de Badajoz, llevada a cabo en octubre de 2016, se discutió la creación de este y otros puestos directivos, sin pensar en ninguna persona específica, sino respondiendo a «una necesidad».
Tanto Sánchez como Gallardo, los principales acusados en el caso, enfrentan la solicitud de tres años de prisión por parte de la acusación popular, mientras que la Fiscalía ha solicitado el archivo de la causa.
Este caso ha suscitado un amplio debate político y mediático en España debido a la relación familiar de David Sánchez con el líder socialista y presidente del Gobierno español desde 2018, Pedro Sánchez.
