Washington — Durante décadas, el gobierno federal aplicó las leyes de derechos civiles para corregir la discriminación histórica contra las personas negras y otras minorías. El Departamento de Justicia impulsó la eliminación de la segregación escolar, mientras que el Departamento de Educación promovió la igualdad de oportunidades y supervisó los prejuicios raciales en las escuelas.
Bajo la administración Trump, las iniciativas enfocadas en la equidad han sido catalogadas como discriminatorias hacia los estudiantes blancos. Programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) que antes contaban con aval legal son ahora considerados “DEI ilegales”. Algunas escuelas han perdido subvenciones federales o enfrentado amenazas de fondos por mencionarlos en sus prácticas.
“Se está dando la vuelta al propósito de la ley de derechos civiles, afectando a los estudiantes negros, a los de color y a comunidades enteras”, expresó Michael Pillera, del Comité de Abogados por los Derechos Civiles bajo la Ley.
El Departamento de Justicia investiga programas en Rhode Island y Iowa que buscan aumentar la contratación de docentes de color, mientras que el Departamento de Educación ha suspendido fondos a distritos que promueven la diversidad en la contratación. Su portavoz, Amelia Joy, afirmó que cumplir la ley y atender las necesidades estudiantiles “no son mandatos irreconciliables”.
En Chicago, la administración Trump retuvo más de $20 millones a las Escuelas Públicas por mantener su Programa de Éxito para Estudiantes Negros. En Los Ángeles, el Distrito Escolar Unificado (LAUSD) enfrenta una investigación por su Black Student Achievement Plan, creado tras el asesinato de George Floyd en 2020. El plan ofrece apoyo académico y emocional a estudiantes negros mediante más consejeros y maestros.
Aunque el LAUSD amplió el acceso del programa a todos los alumnos, un grupo conservador, Defending Education, alegó que seguía siendo discriminatorio. Aun después de que el Departamento de Educación concluyera no hallar infracciones, la Oficina de Derechos Civiles reabrió la pesquisa.
Makeda Walker-Deen, estudiante beneficiada, destacó que el programa la ayudó a prepararse para la universidad y manejar la ansiedad. “Decir que esto discrimina es absurdo; hemos vivido discriminación toda nuestra vida”, afirmó.
El distrito sostiene que sus programas cumplen con las leyes estatales y federales, y los resultados recientes muestran que los estudiantes negros mejoraron su desempeño comparado con el promedio estatal.
Por otro lado, el Departamento de Justicia intenta desmantelar otro programa angelino, PHBAO, que proporciona recursos adicionales a escuelas donde más del 70% del alumnado son estudiantes de color. En enero, la fundación Proyecto 1776 demandó al distrito, alegando “discriminación contra los estudiantes blancos”. El Departamento de Justicia se unió al pleito.
“El programa de desegregación del LAUSD ha superado su utilidad”, dijo un fiscal federal adjunto. Pero el abogado Mark Rosenbaum, vinculado al caso original de desegregación, respondió que las desigualdades persisten. “Nos prometieron recursos para estas escuelas, y seguimos esperando”, expresó.
El giro federal en la aplicación de los derechos civiles refleja una interpretación más estricta de las leyes sobre raza, ampliada tras la decisión del Tribunal Supremo que restringió la acción afirmativa en admisiones universitarias.
