La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) advirtió que ha tenido conocimiento de que varios municipios del país —sin especificar cuáles— están cobrando arbitrios de construcción a entidades que actúan como agentes de dependencias públicas exentas de esos impuestos. Ese escenario se extiende, por ejemplo, a LUMA Energy y Genera PR, compañías que manejan miles de millones de dólares en proyectos financiados con fondos federales destinados a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
Según la JSF, la AEE, por ley, no está sujeta a este tipo de gravamen municipal, y cualquier cobro relacionado podría representar una violación a la ley Promesa. La advertencia surge en momentos en que las entidades privatizadoras ejecutan múltiples obras como parte del proceso de reconstrucción del sistema eléctrico tras los desastres naturales que afectaron a Puerto Rico.
La Junta no identificó los municipios ni detalló qué medidas tomará ante lo que considera una práctica contraria al marco legal federal, pero reiteró que las disposiciones de Promesa tienen supremacía sobre leyes locales que interfieran con su implementación.
