El juez superior Anthony Cuevas, del Tribunal de San Juan, desestimó la demanda presentada por el portavoz del Partido Popular Democrático en el Senado, Luis Javier Hernández Ortiz, contra el Departamento de Justicia. El senador solicitaba la entrega de las órdenes de cierre de más de 200 investigaciones archivadas desde septiembre de 2025 que involucraban a servidores públicos.
Según la sentencia, Hernández Ortiz actuó a título personal y no como presidente o vicepresidente del Senado, por lo que carecía de legitimación activa conforme al Artículo 34-A del Código Político. “Luego de analizar el recurso en armonía con lo que dispone nuestro derecho positivo, este foro concluye que procede su desestimación”, dictaminó Cuevas.
El portavoz popular expresó que evalúa “los próximos pasos y los mecanismos disponibles para vindicar nuestras prerrogativas legislativas”. Aseguró que su reclamo contaba con el respaldo del Senado y defendió que se trata de proteger una prerrogativa constitucional.
Antes de la determinación, la representación legal del senador había presentado una moción en respuesta a una orden judicial que le concedía 24 horas para mostrar causa por la cual no debía desestimarse la demanda. En su alegato, los abogados insistieron en que Hernández Ortiz cumplía con todos los criterios de legitimación activa y que había sufrido un “daño claro, palpable y real” tras no recibir respuesta del Departamento de Justicia en 29 días.
También argumentaron que se agotaron todos los remedios legislativos para obtener la información, incluyendo una resolución aprobada de forma unánime el 4 de mayo de 2026. Sin embargo, el tribunal no acogió estos planteamientos. “La determinación no entra en los aspectos sustantivos de nuestra petición, sino que determina que, como senador de minoría, no tengo ‘standing’ para acudir al tribunal. ¿Por qué tratar a un legislador de la minoría distinto a un presidente?”, cuestionó el senador.
En su demanda, Hernández Ortiz reclamaba la lista de casos archivados en la División de Integridad Pública y la Oficina de Asuntos del Contralor, junto con las órdenes de cierre de 229 casos cerrados como resultado de la Orden Administrativa 2025-09, que dispuso reevaluar investigaciones con más de dos años de antigüedad.
Entre los casos cerrados se encontraba la pesquisa sobre Suzanne Roig Fuertes, actual secretaria del Departamento de la Familia, por supuestas irregularidades cometidas mientras trabajaba en el Departamento de Salud en el cuatrienio anterior. En ese expediente, Justicia sí compartió copia.
La agencia ha argumentado que divulgar estos informes afectaría futuras investigaciones y expondría estrategias protegidas por ley, además de violar la privacidad de testigos o personas que no enfrentaron cargos.
