La Junta de Gobierno del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) exigió que el comité creado por la gobernadora Jenniffer González para evaluar opciones al impuesto al inventario convoque una reunión a la mayor brevedad posible, debido a la inactividad del grupo desde su constitución hace dos semanas.
La petición fue enviada mediante una carta a la secretaria de Estado, Rosachely Rivera, quien preside el comité establecido después de que la gobernadora vetara el Proyecto de la Cámara (PC) 420. Esa medida proponía eliminar el impuesto al inventario en el año contributivo 2028 sin sustituir los ingresos que genera.
Rivera confirmó haber recibido la comunicación y explicó que esta semana se determinará la fecha exacta de la primera reunión, prevista para la próxima semana. “Estamos en el proceso de confirmar la disponibilidad de todos los integrantes para garantizar su participación”, indicó en declaraciones escritas.
El alcalde de Camuy, Gabriel Hernández, presidente de la Federación de Alcaldes del Partido Nuevo Progresista (PNP), informó que se evalúan las fechas del 18 o 22 de noviembre para celebrar el encuentro. No obstante, reconoció que el tema no podrá atenderse durante la actual sesión legislativa, que concluye la próxima semana. La gobernadora ha dicho que podría convocar una sesión extraordinaria, aunque descartó incluir la legislación sobre el impuesto al inventario.
Hernández añadió que espera a la reunión inicial para definir el plan de trabajo y los puntos de partida del comité. Por su parte, el alcalde de Orocovis, Jesús Colón Berlingeri, presidente de la Junta de Gobierno del CRIM, señaló que aún no se ha designado un director ejecutivo para el grupo.
El 30 de octubre, tras vetar el PC 420, la gobernadora González formó el comité con participación de ocho alcaldes —de Camuy, Jayuya, San Juan, Aguadilla, Bayamón, Coamo, Carolina y Orocovis—, funcionarios del equipo financiero del gobierno y representantes del sector privado.
Mientras, el alcalde de Jayuya, Jorge González Otero, líder de la Asociación de Alcaldes del Partido Popular Democrático (PPD), propuso que el gobierno central pague a los municipios por los servicios que estos ofrecen y que no son su responsabilidad, como una forma de allegar fondos. Señaló que el impuesto al inventario representa cerca de 314 millones de dólares anuales para los municipios. “Todo lo que se pueda municipalizar”, dijo, al referirse a trabajos como la limpieza de escuelas, áreas recreativas y carreteras estatales.
La gobernadora ha reiterado que su compromiso de campaña fue congelar el impuesto por cinco años mientras se identifica una alternativa de financiamiento, y ya presentó un nuevo proyecto de ley con ese propósito. Sin embargo, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, han indicado que no considerarán la medida hasta que el comité someta sus recomendaciones.
