La Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca) tomó medidas correctivas luego de que la Oficina del Inspector General (OIG) señalara pagos indebidos por reembolsos de viajes entre 2023 y 2026 que sumaron $32,962. La administradora de la agencia, Catherine Oliver Franco, explicó que el informe evidenció deficiencias significativas en los controles internos y en el cumplimiento de los reglamentos sobre gastos de viaje.
Oliver Franco indicó que los hallazgos no la sorprendieron, ya que previamente habían manejado un caso de una empleada sancionada que devolvió dinero al erario. Según explicó, de esa situación surgió la investigación que dio paso al informe más reciente de la OIG. “Se hizo la acción de recobro, y esperábamos que surgieran casos similares”, comentó durante una conferencia de prensa en el Palacio Rojo de La Fortaleza.
El informe de la OIG reveló tres hallazgos principales: 91 órdenes de viaje aprobadas por personal sin autorización formal, lo que generó reembolsos indebidos por $32,962.15; comprobantes tramitados fuera del periodo reglamentario, por $7,089.89; y discrepancias en el millaje de 636 viajes que ocasionaron pagos en exceso de $2,579.88.
El secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, declaró que gran parte de la auditoría corresponde a la administración anterior, aunque el periodo auditado —del 1 de enero de 2023 al 27 de enero de 2026— incluye diez meses bajo la dirección de Oliver Franco.
La administradora aseguró que su equipo revisó los procesos internos y fortaleció los controles. “Ya hemos trabajado las bitácoras, que nos permiten tener visibilidad sobre los procesos y mejorar las áreas administrativas para lograr un gobierno más transparente”, sostuvo.
Durante el periodo auditado, la Assmca procesó 1,092 comprobantes de viaje, de los cuales 896 correspondieron a viajes locales. De una muestra de 269 comprobantes, la OIG encontró que 91 fueron aprobados por funcionarios sin la debida autorización.
La agencia fiscalizadora reconoció que Assmca adoptó “acciones inmediatas”, como la emisión de un memorando a los supervisores para reforzar los plazos de sometimiento de solicitudes. Oliver Franco añadió que las sanciones por incumplir las regulaciones incluyen medidas disciplinarias y procesos de recobro.
En abril de 2024, la Oficina del Contralor de Puerto Rico también reveló pagos indebidos de $27,008 por gastos de viaje a dos empleados entre 2018 y 2022. Sobre la nueva auditoría de la OIG, Oliver Franco aclaró que no se señaló a ningún empleado en específico, sino “procesos administrativos mal adjudicados y mal trabajados”.
