El juez superior Héctor A. Castro Cintrón, del Tribunal de Guayama, sentenció a un año de prisión al exoficial correccional Radamés Morales Portalatín por presuntamente facilitar la entrada de contrabando a una institución penal a cambio de sobornos.
Según informó la Oficina de Prensa de la Administración de los Tribunales, durante la vista en la sala 305, el juez también impuso al convicto una sentencia suspendida de cinco años y seis meses. La determinación se produjo luego de que la Fiscalía de Humacao y la defensa alcanzaran un preacuerdo que permitió reclasificar los cinco cargos originales a delitos de menor gravedad.
El cargo por violación al Artículo 4.2(b) de la Ley de Ética Gubernamental fue reclasificado como tentativa, al igual que los cargos bajo los Artículos 401 y 406 de la Ley de Sustancias Controladas. El delito de soborno, bajo el Artículo 259 del Código Penal, pasó a ser enriquecimiento ilícito, mientras que otro cargo fue reclasificado como tentativa por posesión e introducción de objetos a un penal.
De acuerdo con la investigación, Morales Portalatín, quien tenía 22 años de servicio en el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) y laboraba en la Institución de Máxima Seguridad 296, fue arrestado en febrero por haber recibido sobornos para permitir el ingreso de contrabando. La pesquisa del DCR, iniciada tras confidencias, fue referida al Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) en 2025 y aún continúa abierta.
El expediente documenta un pago de $1,500 y un encuentro con agentes encubiertos donde hubo un intercambio de carfentanilo en el estacionamiento de un supermercado. Este opioide sintético, según la Agencia para el Control de Drogas (DEA), fue desarrollado para uso veterinario y es sumamente potente.
La Fiscalía de Humacao había presentado cargos en ausencia por violación a la Ley de Ética Gubernamental, soborno, introducción de contrabando y distribución de sustancias controladas. La jueza superior Enid Cristina Rivera García, del Tribunal de Humacao, encontró causa para arresto y fijó una fianza de $600,000.
Tras su arresto, el secretario del DCR, Francisco Quiñones Rivera, confirmó la suspensión inmediata de Morales Portalatín. “No vamos a permitir que unos pocos dañen el buen nombre de miles de oficiales que visten con orgullo nuestro uniforme”, expresó.
Por su parte, el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Arturo Garffer, reiteró que “en el DSP no hay espacio para la corrupción ni para quienes traicionan la confianza del pueblo”.
El comisionado del NIE, el fiscal Ángel García, enfatizó que la investigación “demuestra que cuando se actúa con rigor, inteligencia y coordinación interagencial, las estructuras criminales pueden ser identificadas y procesadas con éxito”.
