El senador y portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Luis Javier Hernández Ortiz, reclamó al Tribunal de Primera Instancia que reconozca su derecho a demandar al Departamento de Justicia por negarse a entregar copias de las órdenes de cierre de más de 200 investigaciones archivadas desde septiembre de 2025.
La moción, presentada durante la madrugada por los abogados Erick J. Vázquez y Marena Navarro, solicita que se ordene a la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez, la entrega inmediata de los documentos requeridos en la Petición de Información 2026-0063, la cual fue aprobada de manera unánime por el Senado. El texto sostiene que Hernández Ortiz tiene legitimación activa para presentar la acción, pues fue autorizado por el pleno del Senado a hacerlo si Justicia no cumplía con su deber de entregar la información.
El documento advierte además que, de persistir el incumplimiento, el tribunal debe considerar la posibilidad de un desacato civil. “El senador no solo comparece para defender su prerrogativa de fiscalizar, sino también en representación del Senado que así lo autorizó”, plantea la moción.
La presentación responde a una orden del juez superior Anthony Cuevas, quien concedió a Hernández Ortiz 24 horas para mostrar causa por la cual no debía desestimarse la demanda por falta de legitimación activa. La defensa del senador argumenta que cumple con los criterios de legitimación establecidos por el Tribunal Supremo de Puerto Rico y que ha sufrido un daño real al no recibir respuesta tras 29 días desde la petición original.
“Esa inacción del Departamento de Justicia impide al Senado ejercer sus funciones básicas de fiscalización y deliberación sobre asuntos de interés público”, expone el recurso. La moción destaca que ya se agotaron todas las vías legislativas para obtener los documentos, incluyendo la aprobación unánime de la petición el 4 de mayo de 2026 y el otorgamiento de prórrogas adicionales.
El reclamo alude al Artículo 34-A del Código Político, que faculta a los tribunales a auxiliar a la Asamblea Legislativa en la obtención de documentos o testimonios necesarios para su labor. “No se trata de un interés individual, sino de una acción institucional avalada por el propio Senado”, sostiene el escrito.
Hernández Ortiz requiere específicamente el listado de los casos archivados en la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor, junto con las órdenes de cierre de los 229 casos cerrados bajo la Orden Administrativa 2025-09, que dispuso reevaluar investigaciones con más de dos años de antigüedad. Entre estos figura una pesquisa sobre Suzanne Roig Fuertes, actual secretaria de la Familia, por supuestos actos irregulares en el Departamento de Salud, cuyo expediente fue entregado por Justicia.
La agencia, sin embargo, ha mantenido que divulgar los informes afectaría la efectividad de futuras investigaciones, expondría estrategias fiscales y violaría la privacidad de testigos y personas contra las cuales no se encontró causa.
