La Cámara de Representantes de Puerto Rico discute este miércoles el Proyecto del Senado (PS) 63, una medida que impondría nuevos requisitos para acceder a la información pública. Su consideración ocurre entre cuestionamientos por la premura del proceso y los cambios de comisión a última hora. Todo apunta a que la votación podría realizarse antes del fin de la sesión legislativa el 18 de noviembre.
El presidente de la Comisión de lo Jurídico, José “Che” Pérez Cordero, explicó que escuchará a las partes antes de fijar postura. “Se me pidió que se le diera vista pública ahora… quiero ver y escuchar las preocupaciones”, dijo. Entre las entidades citadas figuran el Departamento de Justicia, la Oficina de Administración de los Tribunales, la Oficina del Inspector General, el Colegio de Abogados y Abogadas, el Centro de Periodismo Investigativo, el Overseas Press Club of Puerto Rico y la Asociación de Periodistas de Puerto Rico. También se habilitó el correo juridico@camara.pr.gov para recibir ponencias adicionales.
El presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, reasignó de forma sorpresiva el PS 63 a la Comisión de lo Jurídico, luego de que estuvo dos semanas bajo la Comisión de Gobierno que dirige el representante Víctor Parés. Según fuentes de El Nuevo Día, existieron presiones del Senado para que el proyecto se atendiera antes del cierre de sesión.
La medida modifica la Ley 141-2019, conocida como Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública. Propone extender de 10 a 20 días laborables el plazo de entrega de información y permitir una prórroga de otros 20, lo que podría traducirse en demoras de hasta dos meses. Exige, además, notificar a los jefes de agencia y presentar direcciones postales y electrónicas en cada solicitud, lo que ha levantado preocupaciones sobre posible persecución de solicitantes y exclusión de ciudadanos sin acceso digital.
Grupos periodísticos y cívicos cuestionan que el PS 63 debilite sanciones a las agencias incumplidoras, elimine la obligación de proveer datos en formatos abiertos y restrinja la intervención judicial para acortar términos en los tribunales. Al igual que la Ley 141, el proyecto fue aprobado en el Senado sin vistas públicas y con el rechazo mayoritario de las entidades consultadas.
El portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño, Denis Márquez, advirtió que la discusión “promueve la falta de transparencia”. Expresó que sin acceso oportuno a la información, las comunidades pierden herramientas para defender sus derechos y acceder a la justicia. “En la medida que esto aumenta los términos, se complica el panorama”, afirmó.
Por su parte, el portavoz del Partido Popular Democrático, Héctor Ferrer, indicó que su delegación no ha tomado postura oficial, pero se inclina a votar en contra. Aseguró que la medida podría consolidar un “patrón sistemático” del Estado para ocultar información. “No debió ser una discusión apresurada como va a ocurrir, para bajarlo miércoles o jueves”, señaló.
El 13 de noviembre es la fecha límite para aprobar medidas en ambas cámaras, antes de pasar a la etapa de conciliación.
