El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Luis Javier Hernández, presentó una demanda contra el Departamento de Justicia para que la agencia entregue copias de las órdenes de cierre de 229 investigaciones de presunta corrupción pública archivadas desde septiembre de 2025.
“Luego de varias gestiones con el Departamento de Justicia para que entregase información al Senado relacionada con una investigación que realizamos sobre el archivo de cerca de doscientos casos, no hemos tenido otra alternativa que demandar al Departamento de Justicia para que provea esta información”, expresó Hernández en conferencia de prensa.
En la demanda radicada en el Tribunal de Primera Instancia, Hernández solicita que, conforme al Código Político, se ordene a la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez, producir el listado de los casos archivados en la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor, junto con copia de las órdenes de cierre y archivo de cada uno.
El senador argumentó que este reclamo forma parte de las facultades de fiscalización legislativa. “Ninguna agencia, repito, ninguna agencia, ningún jefe de agencia puede irritarse porque el Senado de Puerto Rico le pida información”, subrayó.
Por su parte, el Departamento de Justicia ha sostenido que divulgar los documentos podría exponer estrategias legales y evaluaciones de evidencia de los fiscales, lo que —a juicio de la agencia— afectaría la efectividad de futuras investigaciones y violaría la privacidad de testigos o personas contra quienes no se halló causa. Argumentaron además que se trata de documentos “predecisionales” protegidos por ley y las Reglas de Evidencia.
El senador José A. “Josian” Santiago respaldó la movida, indicando que solicitar información a una agencia no constituye un acto de presión política, sino una labor legítima de fiscalización.
Los casos fueron cerrados tras la Orden Administrativa 2025-09, firmada el 3 de septiembre de 2025, que ordenó reevaluar las pesquisas de integridad pública con más de dos años de antigüedad.
Entre las investigaciones archivadas figura la que desde 2022 involucraba a Suzanne Roig Fuertes, actual secretaria de la Familia, por presuntas irregularidades durante su gestión previa en el Departamento de Salud. En ese caso, Justicia sí compartió el expediente con el Senado.
Hernández cuestionó que se haya divulgado esa información mientras se niega el acceso a los demás expedientes. Justicia rechazó la comparación, alegando que en el caso de Roig Fuertes se trató de una situación particular de alto interés público con información previamente divulgada.
