WASHINGTON – David Johnston, abogado de Carolina del Sur, participó en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 junto a una turba de seguidores del presidente Donald Trump. Más de cinco años después, Johnston ofrece ayudar a otros participantes del ataque, conocidos como “J6ers”, a tramitar solicitudes para el nuevo fondo de casi $1,800 millones creado por la administración Trump, a cambio de una comisión del 10%, limitada a $5,000 por persona.
El fondo, propuesto para indemnizar a quienes dicen haber sido víctimas de un “gobierno armado”, ha generado controversia. Pese a la congelación temporal dictada por un juez y la oposición bipartidista, varios de los indultados por Trump intentan reclamar parte de esos fondos públicos.
Cientos de simpatizantes de Trump se declararon culpables por asaltar el Capitolio. Muchos, ahora perdonados por el presidente, buscan recibir pagos del fondo de conciliación de $1,776 millones. Críticos lo califican como un intento de reescribir la historia del ataque y recompensar a los más leales a Trump.
Entre los solicitantes figuran distintos casos. Jason Riddle, veterano militar de New Hampshire, rechazó un indulto y calificó como “ridículo” recibir dinero por delitos cometidos: “Fuimos perseguidos por nuestras conductas delictivas en el Capitolio”. Por su parte, Pamela Hemphill, de Oregón, quien cumplió 60 días de prisión, culpa a Trump y pide $5 millones. “No habría estado allí sin sus mentiras sobre el fraude electoral”, declaró.
El fondo enfrenta obstáculos legales y políticos. El Fiscal General en funciones, Todd Blanche, dijo que los comisionados decidirán quién puede recibir compensación, sin descartar a condenados por disturbios. Mientras tanto, un juez federal en Virginia bloqueó temporalmente su establecimiento tras demandas presentadas por policías y exfiscales que participaron en la defensa del Capitolio. Uno de ellos, Brendan Ballou, sostienen que el fondo forma parte de un esfuerzo de Trump por socavar las instituciones democráticas.
Casi 1,600 personas fueron acusadas por delitos federales relacionados con el ataque; más de 1,200 fueron condenadas antes de los indultos emitidos por Trump. Además, liberó a miembros de grupos extremistas condenados por conspirar para mantenerlo en el poder tras perder las elecciones de 2020 frente al presidente Joe Biden.
Aun con el proceso judicial en pausa, la llamada “comunidad J6” y otros grupos pro-Trump siguen promoviendo reclamaciones. “Quiero venganza y quiero castigo”, declaró Meshawn Maddock, exacusada en Michigan, quien anunció que ella y su esposo presentarán su solicitud.
En contraste, Johnston, quien en 2022 pidió perdón por su “terrible error de juicio” antes de ser condenado a tres semanas de cárcel y tres meses de arresto domiciliario por allanamiento de morada, asegura hoy que “la narrativa está cambiando”. Pese a su arrepentimiento pasado, ahora impulsa que otros compañeros del asalto busquen beneficios del fondo que mantiene dividida a Washington.
