La gobernadora Jenniffer González firmó una orden ejecutiva que declara un “estado de emergencia ante la condición crítica de erosión costera” en Parcelas Suárez, en Loíza. Sin embargo, el alcance de la medida va más allá de ese sector, pues se extiende a toda “la costa norte” del país sin definir sus límites hacia el este y el oeste.
El documento exime a “cualquier” agencia gubernamental, y en particular al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), de los trámites ordinarios de consultas y permisos. Con ello, autoriza a la agencia a ejecutar de forma inmediata las acciones que considere necesarias para atender la emergencia.
El decreto busca acelerar los trabajos de mitigación frente al impacto del cambio climático y la pérdida de terreno en las zonas costeras, pero su amplitud ha generado cuestionamientos sobre el alcance de los poderes otorgados al DRNA y la falta de delimitación geográfica específica. Expertos temen que la ausencia de controles y permisos regulares pueda abrir espacio a intervenciones que afecten otras áreas naturales o comunidades costeras que no enfrentan la misma gravedad del problema.
