La cantidad de operadores encargados de administrar los 328 residenciales públicos de Puerto Rico aumentó de 10 a 17, tras la conclusión de un proceso competitivo de solicitud de propuestas (RFP, en inglés) que no se hacía desde hace 12 años. Así lo anunció el jefe de la Administración de Vivienda Pública (AVP), Juan Rosario, durante la sesión bisemanal “En Récord” en La Fortaleza.
Rosario explicó que el proceso buscó ofrecer movilidad a los agentes administradores que llevaban más de una década en las mismas áreas. Indicó que se establecieron 16 zonas de servicio y que seis nuevos agentes entraron a competir en la isla, lo que representa un 36% de las unidades bajo supervisión de entidades con experiencia en programas federales de vivienda.
El funcionario detalló que la operación de los residenciales se costeará con $49 millones en fondos federales. Los contratos tendrán una duración inicial de dos años, con posibilidad de extenderse por otros dos, y podrían volver a subastarse en 2027. Según explicó, el incremento en la cantidad de operadores responde a una reducción en el número de unidades que cada uno administrará: ahora tendrán un máximo de 3,500, la mitad de las 7,000 que manejaban algunos en el pasado.
“Administrar hasta 7,000 unidades resultaba en un servicio deficiente por el alto volumen”, reconoció Rosario, quien precisó que 16 de los 17 operadores son entidades privadas y solo uno —el Municipio de Camuy— es público.
En entrevista con El Nuevo Día, Rosario señaló que durante 12 años no se realizaron subastas, lo que constituyó una violación a regulaciones federales. Aclaró, sin embargo, que la AVP no recibió multas ni sanciones por ello. Dijo desconocer las razones del atraso, pues no fueron explicadas durante la transición del gobierno de Pedro Pierluisi al de Jenniffer González.
Explicó que, por ley y contrato, las subastas deben llevarse a cabo cada cuatro años, aunque una cláusula permite extenderlas dos años más. “En esta ocasión, lo hicimos por dos años, con miras a extenderlo dos años más”, afirmó.
Entre los requisitos para operar un complejo público de vivienda, se exige experiencia, personal con peritaje en finanzas, programas sociales y contabilidad, además de un capital mínimo de $1 millón.
Durante la misma sesión, se informó que el próximo domingo, 16 de noviembre, concluye el período de amnistía de 90 días establecido por el Departamento de la Familia para que los dueños de centros de cuido y hogares de cuidado prolongado sin licencia o con licencia vencida se pongan al día con los requisitos de ley. Jean Peña, asesor de Asuntos Legislativos de la gobernadora, informó que 116 centros se han acogido al programa. La secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, no participó de la conferencia, aunque había explicado en agosto que los centros debían presentar certificaciones de no tener antecedentes por delitos contra adultos mayores.
