La Cámara de Representantes aprobó el Proyecto de la Cámara 1007, impulsado por el representante Gabriel Rodríguez Aguiló, con el fin de actualizar la Ley de Salud Mental (Ley 408-2000) y colocar al paciente en el centro de las políticas públicas. El proyecto recibió 34 votos a favor y 13 en contra, y será evaluado por el Senado.
Rodríguez Aguiló reconoció que la propuesta no incluyó su intención inicial de reformar el proceso de ingreso involuntario a hospitales, pues choca con la jurisprudencia federal establecida por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso Addington v. Texas (1979). Dicha decisión exige que toda hospitalización forzosa cumpla con el estándar de prueba “claro y convincente”, lo que requiere la intervención judicial y evita que el proceso se torne exclusivamente administrativo o médico.
La propuesta del legislador buscaba permitir ingresos involuntarios provisionales en casos de emergencia por riesgo inminente, con revisión judicial en un máximo de 72 horas, pero fue descartada. “Buscamos todas las avenidas posibles para enmendar la Ley 408, pero, al final, no pudimos”, admitió durante el debate.
Entre los principales cambios, la medida introduce un enfoque de reducción de daños para atender el uso problemático de sustancias, añade un capítulo sobre salud mental perinatal—recomendado por el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico—y amplía el acceso a servicios mediante telemedicina, telesalud y ciberterapia. Sin embargo, se establece que estos recursos solo podrán usarse tras una primera evaluación presencial.
El proyecto también actualiza las referencias al Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5-TR), reduce de 12 a 4 horas el tiempo máximo de aislamiento en adultos, prohíbe su renovación automática y exige evaluaciones presenciales inmediatas. Además, amplía la protección de derechos y confidencialidad de los pacientes e impone la obligación de realizar sesiones de orientación luego de cada evento de restricción.
La medida mantiene la terapia electroconvulsiva únicamente en adultos y prohíbe su uso en personas menores de edad, salvo en situaciones excepcionales de riesgo inminente y bajo orden judicial. También establece criterios internacionales para tratamientos, plazos de seguimiento tras hospitalizaciones, y mecanismos de apoyo psicológico durante emergencias y desastres naturales. En el área de adicciones, adopta los criterios de la American Society of Addiction Medicine y fomenta terapias basadas en medicamentos, incluso en instituciones carcelarias.
Rodríguez Aguiló enfatizó que el proyecto coloca al paciente en el centro del tratamiento e impulsa que el Poder Judicial habilite una sala de salud mental en cada región judicial. Por su parte, la delegación del Partido Independentista Puertorriqueño reconoció aspectos positivos, como la inclusión de la telemedicina, pero advirtió sobre la influencia de las aseguradoras privadas en la aplicación de los servicios. “Si existe una crisis de salud en Puerto Rico, eso, en gran medida, se debe al control de las aseguradoras sobre nuestro sistema de salud”, expresó la representante Adriana Gutiérrez.
