Los próximos quince días serán determinantes para el futuro de cerca de 30 proyectos de fincas solares y baterías de almacenamiento en Puerto Rico que todavía no cuentan con contratos firmados ni con todas las autorizaciones necesarias para comenzar su ejecución.
Según advirtió Julián Herencia, director ejecutivo de la Asociación de Productores de Energía Renovable (APER), el plazo establecido por la administración de Donald Trump vence el 4 de julio, fecha límite para determinar la elegibilidad de estas iniciativas a incentivos contributivos federales.
El sector teme que la demora en completar los procesos regulatorios y contractuales deje a varios proyectos fuera del programa de incentivos, lo que pondría en riesgo inversiones significativas destinadas a diversificar la matriz energética de la isla y reducir la dependencia de los combustibles fósiles.
Herencia subrayó que los incentivos son esenciales para viabilizar la construcción de las plantas y mantener la competitividad frente a los altos costos energéticos. Los desarrolladores, añadió, trabajan intensamente para cumplir con los requisitos en tiempo récord y garantizar que los proyectos puedan acceder a los beneficios federales antes del vencimiento del término.
