A Jonuel Olivero la paternidad le llegó a los 15 años. Aunque estaba decidido a asumir su rol, se enfrentó a un obstáculo legal: al ser menor de edad, no podía inscribir a su hija ni ejercer como su representante. “Lo que debió ser un trámite de unos minutos se extendió por aproximadamente un mes”, relató. Esa experiencia, dijo, fue una de las más frustrantes de su vida.
Su caso refleja un vacío legal que intenta atender el Proyecto de la Cámara 1251, discutido ante la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social de la Cámara de Representantes. La medida busca otorgar capacidad legal a padres y madres adolescentes para actuar en nombre de sus hijos, sin necesidad de un tutor ni haber alcanzado la mayoría de edad.
El proyecto permitiría que jóvenes desde los 16 años inscriban a sus hijos en el Registro Demográfico, sin requerir consentimiento paterno ni prueba de emancipación. La propuesta también introduce una nueva categoría en el Código Civil: la emancipación “por maternidad o paternidad”. Esta podría solicitarse a los 18 años y bastaría presentar el certificado de nacimiento del niño para completarla ante un notario o tribunal.
Greicha Vélez, quien fue madre a los 17 años, contó que debía depender del permiso de sus padres para llevar a su bebé al médico. “Decidí casarme porque entendí que era la forma más práctica de poder hacerme cargo, sin intermediarios, del bienestar de mis hijos”, expresó.
Tanto Vélez como Olivero pertenecen al Proyecto Nacer, una organización fundada en el año 2000 que apoya a padres y madres adolescentes. Su principal oficial ejecutiva, Amayra Túa López, enfatizó que “no se trata de casos aislados, sino de desafíos continuos”. En Puerto Rico, según el Registro Demográfico, de 18,018 nacimientos el año pasado, 1,665 correspondieron a madres de entre 16 y 20 años, y 33 a niñas de entre 12 y 15.
Proyecto Nacer solicitó ajustes al proyecto, entre ellos eliminar la exigencia de pruebas de ADN al inscribir a un menor. “Una prueba de ADN cuesta entre $300 y $600 y es inalcanzable para muchos jóvenes”, argumentó Olivero. El Departamento de Salud aclaró que dicho requisito no aplica, al amparo del reconocimiento voluntario de filiación reconocido por el Tribunal Supremo.
Por su parte, Nicole Báez, directora de Asesoramiento Legal del Departamento de la Familia, expresó apoyo al proyecto, aunque advirtió que debe garantizar la protección de los menores. “No en el 100% de los casos se tiene la capacidad que se requiere para poder criar a un menor”, señaló.
El Proyecto de la Cámara 1251 busca, en esencia, devolver a los padres y madres adolescentes la posibilidad de actuar de manera inmediata por el bienestar de sus hijos, sin esperar a alcanzar la mayoría de edad o depender de terceros.
