La manifestación indefinida que por más de un mes mantuvo cerrados los accesos del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) concluyó oficialmente este miércoles, tras la firma de un acuerdo entre la administración y el liderato estudiantil.
El documento, firmado el 27 de mayo, señala que luego de un diálogo “sosegado y responsable”, ambas partes acordaron terminar las manifestaciones y garantizar el libre acceso a las instalaciones universitarias. Entre los puntos consensuados figura que no habrá represalias contra los manifestantes y que se establecerá un mecanismo permanente de “diálogo institucional”.
Los firmantes —el rector interino del RUM, Miguel Muñoz Muñoz; el vicepresidente del Consejo General de Estudiantes, William Santiago; y el representante estudiantil Alberto Maldonado— reconocieron la importancia de mantener espacios razonables de comunicación y atender los reclamos sin comprometer la estabilidad académica del recinto. Se acordó además gestionar una reunión con la presidenta de la UPR, Zayira Jordán Conde.
El acuerdo también autoriza continuar el semestre con cursos asistidos por tecnología, mientras que las clases y laboratorios imposibles de ofrecer en línea culminarán de forma presencial.
Entre los reclamos estudiantiles figuraban la renuncia de Jordán Conde y de Muñoz Muñoz, así como la asignación de mayores recursos económicos a la universidad. La protesta, iniciada el 13 de abril, mantuvo bloqueados ocho portones del campus hasta que el juez Tomás Báez Collado, del Tribunal de Mayagüez, ordenó su reapertura el 11 de mayo.
Aunque la administración había comenzado el proceso de reabrir los accesos, la Colectiva Estudiantil del RUM advirtió la semana pasada que seguirían manifestándose. Sin embargo, El Nuevo Día confirmó que desde el martes los portones permanecían abiertos.
Mayagüez era el único recinto del sistema UPR que continuaba en manifestación, tras una serie de paralizaciones estudiantiles que a inicios de abril se extendieron por todos los campus.
El anuncio del acuerdo ocurrió el mismo día en que la abogada de la presidenta del Consejo General de Estudiantes, Tainary Delgado Pérez, presentó una moción de reconsideración sobre la orden judicial de reapertura de portones. En el recurso, su defensa argumentó que el interdicto emitido por el juez Báez Collado imponía responsabilidades a un ente estudiantil que no controlaba los accesos.
La reconsideración sostiene que “obliga a quien no tiene poder de cumplir” y que la responsabilidad de garantizar el acceso corresponde a la UPR y al Ejecutivo, no al estudiantado. También plantea que, si en 2017 la universidad no acató una orden judicial similar, no puede exigírsele a una estudiante hacerlo ahora. El escrito subraya que los tribunales no deben servir de instrumento de presión y que corresponde a la institución y al gobierno hacer cumplir la ley.
Con la firma de los acuerdos, el campamento de manifestantes fue levantado y el recinto retomó operaciones académicas y administrativas normales.
