El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Luis Javier Hernández, confirmó que en los próximos días acudirán a los tribunales para exigir al Departamento de Justicia que entregue copias de las órdenes de cierre de más de 200 investigaciones de corrupción pública archivadas desde septiembre de 2025.
Hernández explicó que sus asesores legales ya redactan la demanda y que evalúan si presentarla a nombre del Senado, con la autorización del presidente Thomas Rivera Schatz, o hacerlo como delegación del PPD.
El Departamento de Justicia ha sostenido que divulgar esos documentos podría exponer las estrategias legales y evaluaciones de evidencia de los fiscales, lo cual –según la agencia– afectaría la efectividad de investigaciones criminales futuras y la confidencialidad de casos activos.
Además, Justicia alega que los informes son documentos “predecisionales” protegidos por ley y que su publicación violaría la privacidad de testigos y de personas contra quienes no se halló causa, lo que podría dañar su reputación.
“Estamos viendo inconsistencias en los planteamientos, particularmente con las razones jurídicas para negarse a entregarlos. Me parece que nos asiste la razón y estoy convencido de que el tribunal nos dará la razón”, afirmó Hernández.
El senador recordó que los cierres responden a la Orden Administrativa 2025-09, firmada el 3 de septiembre del pasado año por la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres. Dicha orden instruyó la reevaluación de las investigaciones de integridad pública con más de dos años de antigüedad.
Entre los casos cerrados figura la pesquisa contra Suzanne Roig Fuertes, actual secretaria del Departamento de la Familia, relacionada con presuntas irregularidades durante su paso por el Departamento de Salud. En este caso, Justicia sí compartió copia del expediente con el Senado.
Hernández cuestionó que el Departamento haya entregado información sobre ese caso, pero se niegue a hacerlo en otros. La agencia respondió que esa divulgación obedeció a circunstancias de alto interés público y a información previamente difundida.
“Esta orden administrativa se hizo para archivar específicamente casos de funcionarios públicos. El interés más apremiante es conocer qué tipo de casos son. Es una petición razonable y dentro de nuestras facultades de investigación legislativa”, concluyó el senador.
