Brayan Rayo Garzón, un joven colombiano de 26 años detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), fue hallado muerto en abril de 2025 en una cárcel de Misuri. Llevaba varios días aislado por COVID-19 y había suplicado hablar con su madre antes de quitarse la vida. Su caso marcó el inicio de un alarmante incremento de suicidios entre personas bajo custodia del ICE, en medio de la política migratoria de deportaciones reforzada por la administración del presidente Donald Trump.
Una investigación de la Associated Press reveló que al menos diez hombres se han suicidado desde enero de 2025, superando ampliamente los registros históricos de la agencia, que usualmente reportaba una o ninguna muerte de este tipo al año. Siete de los fallecimientos han ocurrido desde octubre, el número más alto en un solo año fiscal. Nueve de las víctimas eran hispanas y una era china; la mayoría no tenía antecedentes de delitos violentos.
Expertos en salud pública, como el doctor Sanjay Basu, de la Universidad de California-San Francisco, advirtieron que “algo está yendo profundamente mal”. Por su parte, la secretaria adjunta en funciones del Departamento de Seguridad Nacional, Lauren Bies, sostuvo que los suicidios en custodia siguen siendo “extremadamente raros”. Aseguró que el ICE sigue protocolos preventivos y ofrece atención médica y de salud mental.
Sin embargo, el análisis de AP detectó violaciones a las propias normas del ICE: demoras en la atención mental, negligencia ante señales de angustia y falta de supervisión de detenidos en riesgo. En varios casos se permitió el acceso a objetos con los que las personas pudieron hacerse daño. Tres de los centros donde ocurrieron muertes incumplieron incluso el requisito de examinar a los detenidos dentro de las primeras 12 horas de ingreso.
El doctor Homer Venters, especialista en salud carcelaria, calificó el aumento como “aterrador” y reflejo de fallas estructurales en las etapas iniciales de detención. Muchos de los fallecidos enfrentaban aislamiento prolongado, barreras de idioma y la desesperación de no poder comunicarse con sus familias. Esa combinación, según los expertos, empeora los riesgos de autolesión.
En toda la red del ICE —que hoy aloja cerca de 60,000 personas—, los suicidios han revelado deficiencias en centros operados por contratistas privados como CoreCivic y GEO Group, así como en cárceles locales. Empresas vinculadas al sistema reconocieron las muertes, asegurando que cumplen los protocolos exigidos por el gobierno federal.
El caso de Chaofeng Ge, ciudadano chino, expuso otra cara de la crisis. En solo cinco días de detención en Pensilvania, sin acceso a traductores de mandarín ni atención mental, fue hallado ahorcado. “Parece que quieren hacer este proceso lo más cruel e inhumano posible”, declaró el abogado David Rankin. En Texas, otros dos detenidos murieron en circunstancias que provocaron investigaciones del FBI y del propio ICE.
En el caso de Rayo, los registros muestran que su evaluación médica inicial se realizó 35 horas después de su ingreso, y que su cita de salud mental fue cancelada dos veces. Aislado, enfermo y sin poder contactar a su madre, escribió notas de súplica a los guardias antes de ser hallado inconsciente. Su historia expone cómo las fallas en la atención médica y psicológica bajo custodia del ICE pueden tener consecuencias fatales.
En Puerto Rico, la Línea PAS (Primera Ayuda Sicosocial) de ASSMCA ofrece apoyo gratuito y confidencial las 24 horas al 1-800-981-0023 o al 988.
