El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, acogió la determinación del Departamento de Justicia de no reabrir la investigación contra la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, tras concluir que no surgió evidencia adicional que justifique una pesquisa criminal por sus gestiones en el Departamento de Salud durante el pasado cuatrienio.
En una carta enviada al líder senatorial, la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, explicó que el análisis de entrevistas, documentos y la revisión de un fiscal externo no aportó elementos probatorios nuevos que alteraran las conclusiones originales ni sustentaran cargos por perjurio o intervención ilícita.
“Luego de evaluar integralmente la documentación adicional y las gestiones investigativas, el Departamento de Justicia concluyó que la información presentada no aportó elementos probatorios adicionales suficientes para alterar sustancialmente las conclusiones alcanzadas durante la investigación original”, indicó Gómez Torres.
Durante la sesión legislativa, Rivera Schatz dio el tema por concluido. “Si tuviera ante mí datos relevantes y convincentes de que hay algo mal aquí, le iba pa’ encima a la secretaria, como lo he hecho siempre. Lo que yo no puedo permitir es que abusen con nadie. Tratar de estirar el chicle del Departamento de Salud, pues, bueno, yo creo que es demasiado”, expresó.
El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Luis Javier Hernández, había solicitado reabrir la investigación, archivada en octubre de 2025, alegando irregularidades en un contrato de $60,000 mensuales otorgado a un hogar de cuidado, supuestamente condicionado a la subcontratación de una empresa de seguridad vinculada a un allegado de la funcionaria.
Justicia revisó once anejos sometidos por Hernández, incluyendo facturas, correos electrónicos y documentos administrativos, así como la documentación sobre el destaque de Roig Fuertes en Salud en 2021, firmada por el entonces secretario Carlos Mellado. También se evaluó la lista de testigos propuestos.
Según la agencia, se realizaron entrevistas y gestiones adicionales para verificar la información ofrecida. Las declaraciones permitieron corroborar versiones previas y aclarar detalles sobre los servicios contratados con One Source Investigations, encargada de proveer cuido y seguridad a un participante del programa de servicios para personas con discapacidad intelectual.
Respecto a un correo enviado por Roig Fuertes a una persona identificada como “Baby”, Justicia concluyó que no existía evidencia para identificar al destinatario ni demostrar que implicara un beneficio indebido o interferencia contractual. Por tanto, el mensaje se consideró material contextual sin impacto en el archivo original del caso.
En cuanto a los señalamientos de presunto perjurio, la agencia sostuvo que Roig Fuertes nunca fue notificada como investigada o persona de interés en proceso alguno. “El derecho, la evidencia y la percepción pública no siempre confluyen de manera armoniosa. Las decisiones deben basarse en hechos objetivos y en la normativa vigente, sin presiones ni factores ajenos”, concluyó la secretaria de Justicia.
