Las carreteras, puentes y paseos costeros construidos en zonas expuestas al ambiente marino tendrían que utilizar materiales y tratamientos especializados para resistir la corrosión causada por el salitre, según el Proyecto de la Cámara 1284 presentado por el representante Joel Franqui Atiles.
La medida propone establecer requisitos obligatorios de protección anticorrosiva para las obras financiadas con fondos públicos, con el fin de extender su vida útil y reducir los costos de reparación. “Esta medida no trata sobre promover construcciones en la costa ni modificar las normas ambientales vigentes. Lo que buscamos es que, cuando el gobierno construya o rehabilite una obra en zonas afectadas por el salitre, utilice materiales adecuados. Si vamos a invertir dinero público en infraestructura, tenemos que procurar que esas obras duren más tiempo y ofrezcan servicios seguros y de calidad”, expresó Franqui Atiles, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico de la Cámara de Representantes.
El legislador explicó que la propuesta responde al deterioro acelerado de estructuras en municipios costeros, muchas de las cuales requieren reparaciones costosas debido a la exposición constante a la salinidad. La legislación aplicaría a toda construcción, rehabilitación o mejora ejecutada por el gobierno de Puerto Rico, sus agencias, corporaciones públicas y municipios. También incluiría proyectos fuera de la franja costera cuando estudios técnicos demuestren exposición significativa al salitre.
Entre los requisitos, se exige el uso de acero, anclajes, tornillería y luminarias con tratamientos certificados para ambientes de alta salinidad. Además, se imponen especificaciones especiales para el concreto expuesto al ambiente marino, la aplicación de selladores y el desarrollo de un plan de protección anticorrosiva que deberá ser aprobado antes de iniciar los trabajos. Las obras estarán sujetas a inspecciones para verificar el cumplimiento, y las violaciones podrían acarrear sanciones contractuales, suspensión de trabajos y multas administrativas.
“Puerto Rico vive una etapa de inversión importante en infraestructura pública y gran parte de esos proyectos se realiza en municipios costeros. Cada dólar destinado debe reflejarse en obras duraderas. Adoptar estándares resistentes al salitre protege la inversión desde el principio y evita gastos futuros por daños prematuros”, añadió Franqui Atiles.
El proyecto también establece una garantía mínima de 10 años para los contratistas, durante la cual deberán reparar, corregir o sustituir sin costo cualquier defecto por corrosión o deterioro relacionado. Además, contempla multas de entre $1,000 y $10,000 por infracción y entraría en vigor inmediatamente tras su aprobación, otorgando 30 días a las agencias gubernamentales para hacer los ajustes necesarios.
