A poco más de un mes del asesinato del coronel Eddie Santiago Renta en Ponce, la gobernadora Jenniffer González Colón firmó la “Ley Habilitadora para Implementar el Plan de Alerta AZUL” en Puerto Rico. Esta medida tiene como objetivo agilizar la búsqueda y captura de sospechosos involucrados en amenazas, agresiones graves o asesinatos de oficiales del orden público.
La legislación enmienda la Ley 20-2017 del Departamento de Seguridad Pública para adaptarla a las nuevas disposiciones aprobadas por la Asamblea Legislativa. Según la exposición de motivos, entre 2019 y 2023 más de 13 agentes de la Policía de Puerto Rico fallecieron en el cumplimiento del deber, y solo en 2026 ya se reportaban dos muertes, incluyendo la del coronel Santiago Renta, de 49 años, baleado durante un operativo encubierto en Ponce.
Casos como los del sargento Erasmo García Torres en Ponce y los oficiales Luis Marrero Díaz y Luis Salamán Conde en Carolina reflejan el riesgo constante que enfrentan los policías en servicio, señala la ley. Con este nuevo sistema de alerta —similar a las Alertas Ashanti, Silver, Rosa, AMBER y Mayra Elías— se pretende fortalecer la prevención y respuesta ante ataques o desapariciones de oficiales.
La Policía de Puerto Rico será la agencia principal encargada de implementar el Plan de Alerta AZUL y contará con 180 días para redactar su reglamento. La alerta podrá activarse en tres escenarios: cuando un agente sea asesinado, resulte gravemente herido o atacado con intención fatal; cuando exista una amenaza creíble e inminente; o cuando un oficial desaparezca en conexión con sus funciones. Para su activación, deberá existir información suficiente que permita identificar sospechosos o vehículos relacionados.
La medida también impone sanciones a quien active la alerta falsamente, con una multa fija de $1,000.
Además, la gobernadora firmó otras iniciativas legislativas, entre ellas la Ley 88-2026, que ajusta las penas de la Ley de Explosivos de Puerto Rico; la Ley 90-2026, que deroga la Ley del Tren de Arroyo por inoperante; la Ley 91-2026, que le otorga a la Comisión Industrial más autonomía financiera con un 4% de los ingresos del Fondo del Seguro del Estado; y la Resolución Conjunta 29-2026, que designa la PR-4128 en Lares como “Paseo del Bicentenario” en honor a los 200 años de fundación del municipio.
