Un tribunal federal en Nashville desestimó el caso de tráfico de personas contra Kilmar Abrego García, un ciudadano salvadoreño cuya deportación errónea ayudó a consolidar la oposición a las políticas migratorias del presidente Donald Trump.
La decisión fue emitida por el juez federal de distrito Waverly Crenshaw, quien aceptó la moción de la defensa para descartar los cargos al determinar que se trataba de una “acusación selectiva o vengativa”. Según el juez, de no haber sido por la exitosa demanda de Abrego García impugnando su expulsión a El Salvador, el gobierno no habría presentado la acusación penal.
La deportación del salvadoreño en 2025 fue considerada una gran vergüenza para los funcionarios de Trump, luego de que se les ordenara traerlo nuevamente a Estados Unidos. Abrego García sostuvo que los cargos y las declaraciones públicas de altos funcionarios demostraban que se trataba de una represalia por haber ganado su caso migratorio.
Crenshaw señaló en escritos previos que había evidencias de motivaciones políticas detrás del proceso, destacando comentarios del entonces subsecretario de Justicia Todd Blanche, quien pareció sugerir que el Departamento de Justicia actuó porque Abrego García había triunfado en su reclamo judicial.
El primer fiscal federal auxiliar Rob McGuire defendió la actuación de su oficina, negándose a entregar documentos y testimonios de altos funcionarios, e insistiendo en que él tomó la decisión de acusar al inmigrante.
Abrego García enfrentaba cargos de tráfico y conspiración para traficar personas, luego de que fuera detenido en 2022 en Tennessee por exceso de velocidad. En el vehículo viajaban nueve pasajeros, pero los oficiales finalmente lo dejaron continuar con una advertencia.
Un agente del Departamento de Seguridad Nacional declaró que la investigación solo comenzó después de que la Corte Suprema ordenara al gobierno de Trump gestionar su retorno desde El Salvador, tras determinar que su deportación violó una orden judicial de 2019 que lo protegía contra el retorno por riesgo de ataques de pandillas.
El salvadoreño, quien vive en Maryland con su esposa e hijo estadounidenses, fue autorizado en 2019 a residir y trabajar bajo supervisión migratoria, aunque sin residencia permanente. Pese a ello, funcionarios de la administración Trump han insistido en que no puede permanecer en el país y han planteado deportarlo a un tercer país, más recientemente Liberia.
