El Senado de Puerto Rico se dispone a acudir la próxima semana a los tribunales con el fin de exigir al Departamento de Justicia que entregue copias de las órdenes de cierre relacionadas con más de 200 investigaciones de corrupción pública archivadas desde septiembre de 2025.
La movida busca obtener información sobre casos que, según alegan legisladores, han sido clausurados sin suficiente transparencia. Fuentes legislativas indicaron que el Senado considera esta acción necesaria para asegurar la rendición de cuentas en los procesos investigativos que maneja el Departamento de Justicia.
A la par de esta iniciativa, el portavoz de la minoría del Partido Popular Democrático (PPD), Luis Javier Hernández, no descartó el inicio de una pesquisa legislativa que examine los señalamientos contra la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes. Hernández indicó que el cuerpo legislativo mantiene abierta la posibilidad de indagar sobre las actuaciones de la funcionaria y los reclamos presentados en su contra.
El tema ha generado un aumento en la tensión entre el Senado y el Departamento de Justicia, mientras se debate el nivel de autonomía del Poder Legislativo para fiscalizar investigaciones ya cerradas. La intención de recurrir a los tribunales marca un nuevo capítulo en las fricciones entre ambas ramas del gobierno respecto al manejo de casos de corrupción gubernamental.
