NASHVILLE, Tennessee — Las autoridades de Tennessee suspendieron el jueves la ejecución por inyección letal de Tony Carruthers, condenado por el secuestro y asesinato de tres personas en 1994, luego de más de una hora de intentos fallidos para establecer una vía intravenosa. El gobernador Bill Lee anunció que el estado no volvería a intentarlo durante al menos un año.
El Departamento de Instituciones Penitenciarias informó que el equipo médico logró insertar una vía primaria, pero no encontró una vena adecuada para la línea de reserva, requisito del protocolo estatal. Tras varios intentos fallidos, incluidos para acceder a una vía central, se tomó la decisión de suspender el procedimiento.
Maria DeLiberato, abogada de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y representante de Carruthers, relató que vio al condenado “hacer gestos de dolor y gemir” mientras buscaban la vena, describiendo la escena como “horrible”. Se emocionó hasta las lágrimas al confirmarse la suspensión: “¡Es increíble! ¡Estoy muy agradecida!”, expresó.
Desde 2009, ejecuciones en Alabama, Idaho y Ohio también han sido interrumpidas por fallas similares. En Idaho, los médicos intentaron ocho veces aplicar la inyección letal a Thomas Creech antes de desistir. En Alabama, la gobernadora Kay Ivey pausó las ejecuciones tras problemas recurrentes con las vías. El Centro de Información sobre la Pena de Muerte señaló que el caso de Carruthers plantea preocupaciones sobre su salud mental, representación legal y falta de análisis de ADN, además de cuestionar la capacitación del personal encargado de las ejecuciones.
De acuerdo con las normas de Tennessee, las persianas del área de testigos se mantienen cerradas durante la preparación de la inyección. Los testigos de prensa pasaron más de una hora en la oscuridad y solo escucharon lo que parecían ser gemidos a través de una rendija. DeLiberato dijo que los intentos médicos incluyeron ambos brazos, una mano, un pie y el hombro del recluso, donde finalmente lograron acceso antes de que el alcaide recibiera la orden de detener la ejecución.
Carruthers, de 57 años, fue hallado culpable del secuestro y asesinato de Marcellos Anderson, su madre Delois Anderson y Frederick Tucker en Memphis. No existían pruebas físicas que lo vincularan directamente con los crímenes, y la condena se basó en testimonios de personas que alegaron haberlo oído hablar sobre ellos. La ACLU ha solicitado repetidamente pruebas de ADN que nunca se realizaron.
Los abogados también alegaron que Carruthers padece problemas de salud mental que lo hacen incompetente para enfrentar la ejecución.
Según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, las ejecuciones en Estados Unidos aumentaron de 25 a 47 el año pasado, impulsadas por Florida. Tennessee retomó las ejecuciones tras una pausa de tres años luego de descubrir irregularidades en las pruebas de pureza y potencia de las drogas empleadas. Una revisión independiente reveló que ninguna de las sustancias usadas desde 2018 fue completamente verificada, y funcionarios estatales admitieron haber testificado erróneamente sobre el cumplimiento de esos controles.
