Varios estados que manejan el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), que beneficia a unos 42 millones de personas en Estados Unidos, enfrentan incertidumbre sobre si deben continuar entregando los beneficios completos después de nuevas órdenes judiciales y directrices federales.
Durante el fin de semana, la administración del presidente Donald Trump solicitó a los estados revertir los pagos del SNAP efectuados durante un breve periodo en que un juez federal había autorizado la financiación total, antes de que otro juez del Tribunal Supremo pusiera una pausa temporal a esa decisión. El caso continúa ante un tribunal de apelaciones, mientras el Congreso evalúa incluir los fondos del programa en un acuerdo para poner fin al cierre del gobierno.
Algunos gobiernos estatales alertaron sobre posibles “interrupciones operativas catastróficas” si no reciben reembolsos federales por los beneficios concedidos. Otros estados han optado por entregar pagos parciales con fondos de emergencia o recursos propios para cubrir las tarjetas electrónicas de los beneficiarios.
Inicialmente, la administración había anunciado que los beneficios de noviembre no estarían disponibles debido al cierre del gobierno. Tras demandas de estados y organizaciones, dos jueces ordenaron que los fondos no podían suspenderse completamente. El juez de distrito John J. McConnell determinó que el 65% de cobertura propuesto por el gobierno no era suficiente y ordenó el pago total. Sin embargo, la jueza Ketanji Brown Jackson suspendió esa orden mientras el tribunal de apelaciones revisa el caso.
Millones de beneficiarios ya recibieron los pagos, mientras otros siguen esperando instrucciones del Departamento de Agricultura federal (USDA), que administra el programa. La administración Trump argumenta que la orden judicial de pagar el monto completo viola la Constitución al interferir en el control presupuestario de los poderes legislativo y ejecutivo.
El subsecretario adjunto de Agricultura, Patrick Penn, instruyó a los directores estatales del SNAP a “deshacer inmediatamente” pagos emitidos por completo para noviembre de 2025, advirtiendo sobre posibles sanciones. En Wisconsin, que adelantó los desembolsos, se mantiene congelado el reembolso federal, lo que podría dejar sin fondos al estado para pagar a los comercios que aceptan las tarjetas SNAP.
Por su parte, algunos gobernadores demócratas han prometido resistir los intentos de Washington de recuperar el dinero. “Quienes recibieron sus prestaciones no deben preocuparse por perderlas”, afirmó el gobernador de Connecticut, Ned Lamont, recordando que 360,000 residentes de su estado dependen de esa ayuda. “Tenemos su espalda”, enfatizó.
La disputa sobre los beneficios del SNAP se ha convertido en un nuevo foco de tensión política durante el prolongado cierre del gobierno.
