El órgano de control interno del Pentágono examinará si las fuerzas armadas de Estados Unidos siguieron los protocolos adecuados en los ataques contra decenas de embarcaciones sospechosas de tráfico de drogas, operaciones que han dejado cerca de 200 muertos en aguas de América Latina desde septiembre.
De acuerdo con una carta fechada el 11 de mayo, la evaluación se enfocará en las seis fases del conocido Ciclo Conjunto de Selección de Objetivos: intención del comandante, desarrollo del objetivo, análisis, decisión, ejecución y evaluación. La oficina del inspector general informó que el proceso fue “iniciado por cuenta propia” y no precisó cuándo concluirá. Bloomberg divulgó primero la noticia.
Las pesquisas no abordarán la legalidad de los ataques, cuestionados por legisladores demócratas y académicos en derecho militar. El gobierno del presidente Donald Trump ha defendido la política militar señalando que Estados Unidos libra una guerra contra los cárteles latinoamericanos, a los que culpa por la crisis de sobredosis en su territorio.
Desde septiembre, el Pentágono ha mantenido una campaña contra pequeñas embarcaciones en el océano Pacífico y el mar Caribe, en la que han muerto al menos 193 personas. El Comando Sur informó que una persona sobrevivió al ataque más reciente, el 8 de mayo, aunque no se ha confirmado su rescate.
Hasta ahora, el Departamento de Defensa no ha presentado pruebas de que las embarcaciones destruidas transportaran narcóticos. En cambio, ha justificado las acciones afirmando que los blancos “transitaban por rutas conocidas de narcotráfico”.
El primer ataque, a inicios de septiembre, generó particular alarma entre legisladores. Según reportes, dos sobrevivientes se aferraban a los restos del barco cuando fueron alcanzados por un segundo ataque. El representante Adam Smith, el demócrata de mayor rango en la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, condenó el hecho al describirlo como la muerte de “dos personas sin camisa que estaban a la deriva, hasta que llegan los misiles y los matan”.
La Casa Blanca confirmó el incidente adicional y defendió la acción como un acto de “defensa propia” realizado conforme a las leyes de conflicto armado.
