El representante Jorge Navarro presentó este lunes un nuevo proyecto de ley que busca introducir lo que describió como “enmiendas aclaratorias urgentes” a la Ley 82 de 2026, aprobada la semana anterior por la gobernadora Jenniffer González. Sin embargo, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, se opuso firmemente a considerar cualquier cambio al estatuto, que limita las impugnaciones judiciales contra permisos de construcción.
Méndez explicó que ya había dialogado con Navarro antes de la presentación del proyecto y que le expresó su inconformidad. “Él me lo planteó, y yo le dije que no era necesario hacerle ninguna enmienda, que la ley es clara”, indicó en entrevista con El Nuevo Día. Añadió que quienes impugnan proyectos ya tienen oportunidades suficientes en los foros administrativos y cuestionó “por qué detener caprichosa y arbitrariamente un proyecto en el foro judicial” si no lograron prevalecer en esas instancias.
El líder cameral recalcó que no dará paso a la medida. “Yo le dije que, si la presentaba, no la iba a considerar”, sostuvo.
No obstante, Navarro, autor de la ley original, insistió en que es necesario aclarar su alcance. “La Ley 82-2026 es y seguirá siendo una herramienta indispensable para dotar de estabilidad legal a los proyectos que generan empleos y desarrollo económico. Pero la ola de desinformación mediática y la interpretación inflexible de la fianza mandatoria del 10% han creado incertidumbre que requiere intervención legislativa inmediata”, explicó.
El nuevo proyecto busca enmendar el inciso (e) del Artículo 6.007 del Código Municipal para permitir que los jueces ejerzan discreción al fijar el monto de la fianza en solicitudes de paralización de obras. La propuesta contempla que se tomen en cuenta factores como los recursos económicos del demandante, la naturaleza de los daños alegados, el riesgo a la comunidad y los efectos económicos en los desarrolladores.
Además, Navarro propone aclarar que el requisito de fianza aplica únicamente a proyectos en suelo rústico, excluyendo trabajos residenciales. “Yo prefiero aclararlo antes que lo hagan los tribunales”, concluyó el legislador, al reconocer que Méndez sigue renuente a modificar la legislación recientemente firmada.
