El gobierno del presidente Donald Trump exigió a los estados que reviertan los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) que se pagaron bajo órdenes judiciales emitidas la semana pasada, luego de que la Corte Suprema federal suspendiera esos pagos.
La medida representa un nuevo giro en la batalla legal por el programa alimentario que beneficia a unos 42 millones de estadounidenses. La demanda interpuesta por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos surgió mientras más de veinte estados advirtieron sobre “interrupciones operativas catastróficas” si el gobierno federal no reembolsa los fondos autorizados antes del fallo de la Corte Suprema.
Organizaciones sin fines de lucro y fiscales generales demócratas habían demandado a la Casa Blanca para garantizar el financiamiento del programa durante noviembre. Tras obtener fallos favorables, varios estados liberaron beneficios rápidamente para millones de personas.
Antes de que esas decisiones fueran suspendidas mediante una apelación ante la Corte Suprema el viernes por la noche, el gobierno federal ya se oponía a reembolsar la primera ronda de pagos. En Wisconsin, por ejemplo, se depositaron beneficios a 700,000 residentes, pero el Tesoro de Estados Unidos congeló los reembolsos. La oficina del gobernador demócrata Tony Evers advirtió que el estado podría quedarse sin fondos en pocos días.
Los gobiernos estatales señalaron que la falta de recursos podría dejar a los proveedores sin pago y provocar una ola de demandas. Un documento presentado ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito advirtió que los estados podrían verse obligados a devolver cientos de millones de dólares, lo que “amenaza con causar interrupciones operativas catastróficas y una cascada de daños para sus residentes”.
El Departamento de Agricultura informó el sábado que considerará “no autorizados” todos los pagos efectuados la semana pasada. “En la medida en que los estados enviaron archivos de pago completo de SNAP para noviembre de 2025, esto no fue autorizado”, escribió Patrick Penn, subsecretario adjunto de Agricultura, en una comunicación dirigida a los directores estatales. “En consecuencia, los estados deben revertir de inmediato cualquier medida tomada para emitir beneficios completos de SNAP para noviembre de 2025”.
El gobernador Tony Evers respondió con firmeza. “No”, dijo en un comunicado. Explicó que Wisconsin actuó legalmente al cargar los beneficios conforme a una orden judicial vigente, garantizando asistencia para casi 700,000 residentes, incluidos unos 270,000 niños. Añadió que, tras hacerlo, el gobierno de Trump había asegurado a los estados que facilitaría los fondos necesarios, algo que —según Evers— aún no ha cumplido.
