El Senado de Puerto Rico aprobó este jueves el Proyecto del Senado (PS) 1024, una medida que busca reformar las normas de acceso al ejercicio de la abogacía en la isla. Entre sus disposiciones se incluye la eliminación del requisito de residencia mínima de un año para los solicitantes, la supresión del mecanismo de admisión sin examen para abogados de otras jurisdicciones y la creación de un sistema de evaluación que permita considerar reválidas uniformes, como el Uniform Bar Exam (UBE) y el NextGen Uniform Bar, ambos usados en la mayoría de los estados de Estados Unidos.
La legislación establece la creación de la “Junta Especial para el Estudio de la Reciprocidad Profesional en la Abogacía y del Examen de Reválida”, adscrita al Tribunal Supremo de Puerto Rico. Este organismo deberá analizar los modelos de admisión recíproca vigentes, las barreras que enfrenta la isla para integrarse a ellos y la viabilidad de adoptar exámenes uniformes. El proyecto recibió 19 votos a favor y seis en contra.
“Además de alinear nuestra legislación con los pronunciamientos de los tribunales de mayor jerarquía, esta Asamblea Legislativa está convencida de que eliminar el requisito de residencia promoverá la equidad y ampliará la diversidad en el campo legal puertorriqueño”, indica el texto de la medida.
Actualmente, la Ley 17 de 1939 exige que los aspirantes hayan residido en Puerto Rico durante al menos los doce meses previos a su solicitud de admisión y que se hayan graduado de una universidad avalada por la American Bar Association y la Corte Suprema de Puerto Rico. La ley también permite admisiones sin examen para ciertos abogados admitidos en otras jurisdicciones, una disposición que, según el nuevo proyecto, carece de reciprocidad y pone en desventaja a los abogados locales.
El informe de la Comisión de lo Jurídico, presidida por Ángel Toledo, destacó que el Colegio de Abogados y Abogadas endosó la medida por entender que promueve la equidad y modernización del sistema de admisión legal. La Junta Especial deberá rendir un informe al Tribunal Supremo un año después de promulgada la ley.
La Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) aclaró que las leyes aprobadas por las ramas políticas sobre la admisión a la abogacía son directivas pero no mandatorias, ya que el Tribunal Supremo retiene la autoridad final para definir los requisitos de admisión. La OAT también sostuvo que el mecanismo de admisión sin examen carece de aplicación práctica y recordó que el reglamento vigente exige aprobar una reválida para ejercer.
Durante la misma sesión, el Senado aprobó varias medidas dirigidas a Fortaleza, incluyendo el PS 777, que modifica el Código Municipal 2020 para ampliar facultades de los municipios; el PS 255, que prohíbe reportar deudas médicas a agencias de crédito; el PS 844, que establece moratorias automáticas de pago ante cierres federales; y el PS 769, que define la política pública sobre inteligencia artificial y crea el Instituto de Desarrollo e Innovación de Inteligencia Artificial. También se aprobó el PS 71, que concede licencia especial con paga a empleados públicos que trabajen temporalmente en la Comisión Estatal de Elecciones durante el año electoral.
Una propuesta que no prosperó fue el PS 990, impulsado por la delegación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), que buscaba prohibir el uso del glifosato en el desyerbado de carreteras y caminos estatales y municipales.
