Durante la evaluación de los proyectos de ley para reformar el sistema de permisos, el Municipio de San Juan solicitó que se exima a los ayuntamientos del pago de una fianza equivalente al 10%, según establece la recién aprobada Ley 82-2026, cuando sean estos los que soliciten paralizar obras por aparentes violaciones.
Gladys Maldonado Rodríguez, directora de la Oficina de Permisos de la Ciudad Capital, señaló que este requisito también está incluido en el Artículo 15.10 del Proyecto del Senado (PS) 1183, impulsado por la gobernadora Jenniffer González Colón, que propone un nuevo Código de Planificación y Permisos. “Entendemos que el requisito de fianza puede resultar oneroso. Por ello, recomendamos reevaluar esta disposición y que se disponga expresamente que el pago de fianza no aplicará a los municipios cuando son estos los querellantes”, manifestó durante una vista pública en la que también se evaluó el PS 1173, del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.
La Ley 82-2026 exige que quienes presenten acciones judiciales o administrativas por aparente violación a obras de construcción prueben un “daño inminente”, y que toda solicitud de paralización se acompañe de una fianza no menor del 10% del valor del proyecto.
Maldonado Rodríguez opinó, además, que la propuesta de la administración para reformar el sistema de permisos “desaprovecha” la oportunidad de delegar a los municipios mayores facultades de fiscalización y sanción. También expresó su oposición a la posible derogación de la Ley Especial para la Rehabilitación de Río Piedras (Ley 75-1975), la Ley Especial para la Rehabilitación de Santurce (Ley 148-1988), el Reglamento de Zonificación Especial del Condado y los planes sectoriales de Miramar y Sagrado Corazón, entre otros.
La funcionaria advirtió que las métricas institucionales y los mecanismos de auditoría propuestos en el PS 1183 podrían no ajustarse a la realidad municipal, y criticó que se excluya la aplicación de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (Ley 38-2017), que, a su juicio, provee certeza a los procesos regulatorios. Sobre el Capítulo XV de Fiscalización, propuso su “reconceptualización”. “El esquema propuesto es confuso, burocrático, oneroso y puede disuadir a los ciudadanos de presentar querellas meritorias”, añadió.
El alcalde Miguel Romero reiteró su rechazo a enmiendas o derogaciones de leyes que afecten la autonomía municipal y la ordenación territorial. “No se trata únicamente de agilizar procesos, sino de asegurar que los municipios conserven la capacidad real de planificar, fiscalizar y dirigir el desarrollo de sus comunidades”, expresó.
Por su parte, el Municipio de Bayamón, mediante una ponencia firmada por el administrador Héctor Albertorio Blondet, calificó como una “degradación” que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, y no el gobernador, apruebe los planes de ordenación territorial. El presidente del Senado afirmó que no percibe intención legislativa de reducir la autoridad municipal.
Emanuel Gómez Vélez, director de la Oficina de Planificación de Bayamón, recomendó evaluar si las modificaciones propuestas aportan beneficios reales frente a fortalecer los mecanismos actuales, y sugirió regular la figura de los gestores mediante un registro oficial y educación continua. “Apoyamos la medida, pero entendemos que hay recomendaciones que atender para mantener la autonomía municipal”, subrayó.
