El Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) reinició este miércoles sus labores presenciales de manera gradual, luego de que se reabrieran los accesos al campus tras una orden judicial. La decisión ocurre luego de una manifestación estudiantil que mantuvo los portones cerrados durante un mes.
El rector interino del RUM, Miguel Muñoz Muñoz, informó que decanos, directores de departamento y empleados de áreas como Edificios y Terrenos, Salud y Seguridad, y Tránsito y Vigilancia regresaron al trabajo presencial tras una orden del juez Tomás Báez Collado, del Tribunal de Mayagüez, emitida el lunes anterior. Dicha orden instruyó a los manifestantes a no bloquear los accesos.
“Este reinicio gradual de operaciones forma parte de los esfuerzos institucionales dirigidos a garantizar la continuidad de los servicios académicos y administrativos del recinto”, expresó Muñoz en declaraciones escritas. No obstante, no precisó si las clases presenciales se reanudarán este semestre, y adelantó que continuarán las labores a distancia y por teletrabajo.
Los estudiantes sostienen una manifestación indefinida desde el 13 de abril en reclamo, entre otros asuntos, de la renuncia de la presidenta de la UPR, Zayira Jordán Conde, y del propio Muñoz Muñoz, así como de una mayor asignación presupuestaria para el sistema universitario.
El juez Báez Collado determinó que los bloqueos en las vías de acceso “constituyeron obstrucciones incompatibles con el funcionamiento universitario” y enfatizó el interés público en mantener abierto el campus. Indicó además que, aunque los estudiantes gozan de libertades constitucionales de expresión y manifestación pacífica, estas deben armonizarse con el derecho del resto de la comunidad universitaria a acceder a las instalaciones y recibir servicios.
En su sentencia, el magistrado subrayó que la administración demostró que el estudiantado tenía control de los accesos mediante evidencia fotográfica y documentos del Consejo General de Estudiantes, en los que se informaba sobre el control de entrada durante eventos como las Justas de la Liga Atlética Interuniversitaria.
Báez Collado recordó que el 5 de mayo ya había emitido una orden de entredicho provisional y recriminó a la presidenta Jordán Conde y al rector interino por no hacerla cumplir. “Ni la Dra. Jordán Conde ni el Dr. Muñoz Muñoz ejercieron su deber ministerial de hacer cumplir la orden emitida”, expresó el juez, señalando que ambos alegaron estar en proceso de negociación con los estudiantes.
El juez insistió en que las órdenes judiciales son vinculantes y deben cumplirse con diligencia. “La Universidad de Puerto Rico y el Recinto Universitario de Mayagüez tienen el deber ministerial de garantizar que los servicios universitarios continúen y que los accesos permanezcan libres de obstrucciones ilegales”, concluyó.
Mientras tanto, el Consejo General de Estudiantes del RUM convocó a una asamblea extraordinaria para el jueves, en la que se anticipa discutir los próximos pasos de la manifestación y la respuesta institucional.
