Con pancartas que denunciaban los recortes a la Universidad de Puerto Rico (UPR), profesores y estudiantes del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) se manifestaron frente a las oficinas de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en Hato Rey. El grupo, que mantiene una paralización desde el 13 de abril, exigió la reincorporación de la fórmula presupuestaria del 9.6% y el fin de los aumentos en matrícula.
Ante los intentos de la Administración Central por reabrir el recinto mediante los tribunales, los docentes pidieron al rector interino Miguel Muñoz Muñoz y a la presidenta de la UPR, Zayira Jordán Conde, abrir un proceso de diálogo sin recurrir a intervenciones policiales. El portavoz del colectivo Docentes Solidarixs con el Movimiento Estudiantil-RUM, Marcel Castro Sitiriche, advirtió que la administración debe decidir “si va a proteger al estudiantado y buscar diálogo para reabrir los portones de forma pacífica, o si escoge abrirlos de forma violenta”.
Pese a las órdenes judiciales emitidas para reabrir el campus, los estudiantes continúan en los portones exigiendo la renuncia de Muñoz Muñoz y de Jordán Conde, además de reformas en la gobernanza universitaria y reclamos presupuestarios. El Tribunal de Mayagüez recientemente reiteró su orden de reapertura, y la presidenta de la UPR respondió que actuarán “con prudencia, responsabilidad y firmeza” para garantizar la educación y seguridad de toda la comunidad universitaria.
Castro Sitiriche, profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica, señaló que “casi nadie quiere que se use la violencia contra los estudiantes”. Expresó su preocupación por el riesgo de confrontaciones y sostuvo que la renuncia de la presidenta Jordán Conde facilitaría la negociación. Recordó, además, que el conflicto ha puesto en discusión pública el cumplimiento de la fórmula del 9.6% y los recortes impuestos por la Junta de Control Fiscal.
El movimiento estudiantil reclama la restitución de esa fórmula establecida por la Ley 2 de 1966. Desde 2022, la UPR recibe $500 millones anuales del Fondo General, cifra inferior a los $834 millones que obtuvo entre 2014 y 2017. Si la fórmula original se mantuviera, la universidad recibiría alrededor de $1,300 millones.
Rayna Ramírez Vázquez, estudiante subgraduada del RUM, expresó preocupación por el futuro de la institución: “El miedo real está en que la Universidad deje de ser nuestro lugar seguro, nuestra casa y sustento”. El Consejo General de Estudiantes tiene programada una asamblea extraordinaria este jueves a las 10:30 a.m. para evaluar los próximos pasos del movimiento.
La manifestación indefinida continúa en el campus de Mayagüez, mientras diversos sectores universitarios insisten en que el diálogo, no la fuerza, debe guiar el proceso para reabrir sus portones.
