Los portavoces del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Luis Javier Hernández y Marially González, acudieron este lunes al Departamento de Justicia con la expectativa de que la secretaria Lourdes Gómez anuncie la reapertura de la investigación sobre la actual secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes.
“Hay evidencia muy fuerte en contra de la hoy secretaria de la Familia. Nunca se debió haber cerrado este caso sin citar tan siquiera a los testigos principales… este es un asunto que el Departamento de Justicia debería decidir y reabrir. Ese es nuestro fin”, expresó Hernández antes del encuentro.
Los senadores presentaron documentos que, alegan, fueron omitidos del informe final que Justicia emitió en octubre de 2025, al concluir la pesquisa sobre un contrato de $60,000 mensuales otorgado en 2021 para el cuidado de un paciente, cuando Roig Fuertes laboraba en el Departamento de Salud.
Según Hernández, la propia secretaria reconoció que no tenía todo el expediente de Salud al momento de tomar la determinación y que no se entrevistó a testigos. Por ello, los legisladores entregaron nueva evidencia relacionada con requerimientos de la empresa One Source Investigations, que según indicaron, amerita reabrir el caso.
Justicia había concluido previamente que el contrato en cuestión “no era arbitrario” y que respondía a la severidad del diagnóstico del paciente. También determinó que no había evidencia de que Roig Fuertes impusiera la contratación de One Source Investigations —empresa vinculada a un allegado— como condición para conceder el contrato al Hogar Hacienda Don Luis.
Sin embargo, Hernández insistió en que hay documentos “muy importantes” que no fueron evaluados, los cuales, a su juicio, muestran que Roig Fuertes divulgó información de la contratación a un tercero. Entre ellos figuran 24 páginas del informe del Departamento de Salud que supuestamente no llegaron a Justicia, incluyendo un correo electrónico enviado por Roig Fuertes a una persona identificada como “Baby”, con detalles sobre las condiciones del hogar para atender al paciente identificado como INR.
El senador también mencionó la existencia de un informe del entonces secretario de Salud, Carlos Mellado, con alegaciones directas contra Roig Fuertes, y de una demanda de cobro presentada en 2022 por One Source Investigations. Hernández subrayó que ejercer la función fiscalizadora “no debe molestar a ningún funcionario” y recordó que los senadores tienen la responsabilidad de dar seguimiento a la idoneidad de los funcionarios públicos ya confirmados.
