La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) ordenó a la Autoridad de Tierras recobrar $410,677 y emitió múltiples recomendaciones sobre el manejo del Fondo de Mejoras Municipales, tras una auditoría que abarcó del 1 de julio de 2016 al 31 de marzo de 2023.
El Informe de Auditoría OC-26-27 señaló incumplimientos legales, debilidades de control interno y deficiencias significativas en la administración del fondo, indicando que las operaciones no se ejecutaron conforme a la ley ni a la reglamentación aplicable.
“La sana administración pública requiere controles firmes, transparencia absoluta y respeto irrestricto al uso de los fondos públicos. Cuando esos principios fallan, se afecta la confianza ciudadana”, expresó la contralora Carmen Vega Fournier.
Vega Fournier destacó que uno de los señalamientos más serios fue el pago de $297,177 en violación a disposiciones contractuales. La auditoría halló que la Autoridad de Tierras desembolsó fondos sin contratos vigentes y realizó pagos antes de su formalización. Además, detectó que para ocho contratos por $375,820 no se exigieron o se pidieron tardíamente los informes requeridos, impidiendo disponer de $262,732 para otros proyectos.
El informe añadió que siete contratos por $385,000 carecían de especificaciones sobre obras o beneficiarios, elevando el riesgo de uso indebido de fondos. En otro caso, $30,000 se utilizaron de manera contraria a lo estipulado en el contrato.
La Contralora también señaló que la entonces directora de Finanzas, Contabilidad y Presupuesto asumió funciones incompatibles, como firmar cheques y registrar pagos, lo que comprometió la segregación de deberes. La ausencia de reglamentación adecuada afectó procesos esenciales de contabilidad, conciliaciones bancarias y emisión de cheques.
La auditoría documentó, además, que el Reglamento del Fondo de Mejoras de 2024 no se presentó al Departamento de Estado, a pesar de incluir requisitos aplicables a terceros. También detectó seis contratos por $113,500 no registrados ni remitidos a la OCPR, y atrasos en certificaciones e informes de nómina.
El informe advirtió que la agencia carece de suficiente estructura administrativa para ejecutar el Programa de Infraestructura Rural y Mejoras Permanentes (PIR), que maneja cientos de solicitudes legislativas y alrededor de 1,000 contratos al año, situación que ha provocado retrasos y contratación de servicios externos.
En respuesta, la gerencia de la Autoridad de Tierras aseguró haber implantado nueva reglamentación y controles internos, incluyendo verificaciones desde la solicitud hasta la aprobación final de asignaciones. Sin embargo, la OCPR sostuvo sus hallazgos tras evaluar las respuestas oficiales.
Entre las recomendaciones, Vega Fournier ordenó recuperar los $410,677, fortalecer la fiscalización de fondos, asignar personal adecuado al PIR, garantizar la revisión legal de contratos e implementar sistemas electrónicos de transparencia. También recomendó adiestrar al personal financiero en el manejo del sistema contable.
“Nuestro deber constitucional exige impulsar correcciones, prevenir reincidencias y proteger cada recurso público que pertenece al pueblo de Puerto Rico. Exhortamos a la Autoridad a implementar con urgencia todas las recomendaciones emitidas, las que evaluaremos en seis meses”, concluyó la Contralora.
