Luego de haber paralizado por un día todo el sistema de la Universidad de Puerto Rico (UPR), los estudiantes esperaban este martes que se atiendan sus reclamos y se avance en el proceso de diálogo con la administración.
Dyamar Cruz, presidenta del Consejo General de Estudiantes del recinto de Río Piedras, señaló que la presidenta de la UPR, Zayira Jordán Conde, afirma que solo falta la participación estudiantil en la creación de un comité de diálogo. Sin embargo, Cruz aclaró que tanto Río Piedras como Mayagüez ya tienen comités de negociación constituidos. “Ella no ha contestado sobre el comité de diálogo y negociación que está activo en Río Piedras. Quien único se ha reunido con ese comité ha sido la rectora Mayra Charriez Cordero”, explicó.
El recinto mayagüezano mantiene una manifestación indefinida desde el 13 de abril, mientras Río Piedras inició una huelga el 27 de abril. El lunes, otros recintos realizaron paros temporales: Aguadilla, Bayamón, Carolina y Humacao por 72 horas; Arecibo, Ciencias Médicas y Ponce por 48, y Cayey y Utuado por 24 horas.
El estudiantado reclama, entre otros puntos, la renuncia de Jordán Conde y la restitución de la fórmula presupuestaria que asignaba a la universidad el 9.6% de los ingresos del Fondo General. Jordán Conde, por su parte, informó que pidió a la gobernadora Jenniffer González asignar $118 millones adicionales para los planes de clasificación y retribución del personal, y solicitó una reunión con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), a la cual propuso asistir junto a estudiantes. La JSF aún no ha confirmado si la reunión se llevará a cabo.
No obstante, Cruz señaló que la presidenta sugirió incluir solo entre tres y cinco estudiantes, cifra que consideran insuficiente. “Tenemos 11 unidades y las 11 deben estar representadas”, enfatizó. La líder estudiantil también criticó la medida presentada por el representante Jorge “Georgie” Navarro, que busca declarar un periodo de emergencia en la UPR y concentrar el poder en su Junta de Gobierno. “Esto demuestra una falta de intención para dialogar, optando por imponer medidas legislativas”, expresó.
El proyecto de Navarro aumentaría las facultades de la Junta de Gobierno y suspendería por cinco años las funciones decisionales de organismos como los Senados Académicos y las Juntas Administrativas. Según el abogado y exrepresentante estudiantil Marcus Ramos Cintrón, la medida alteraría la gobernanza universitaria y podría afectar los estándares de acreditación ante la Middle States Commission on Higher Education. “Lejos de reestructurar la UPR para servir mejor al país, acelerará su desmantelamiento”, sostuvo.
Ramos Cintrón subrayó la importancia de que cualquier transformación sea el resultado de un proceso deliberativo amplio, con participación de todos los sectores de la comunidad universitaria, las ramas de gobierno y la ciudadanía.
