La Oficina de Ética Gubernamental (OEG) abrió una investigación sobre la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, por una presunta intervención indebida en la contratación de una empresa durante su gestión en la División de Servicios para las Personas con Discapacidad Intelectual del Departamento de Salud, en 2021.
“El referido de este asunto fue recibido en la Oficina el pasado 30 de abril de 2026. Conforme a nuestros procedimientos, este asunto estará siendo atendido bajo las disposiciones de la Ley Orgánica de la OEG”, informó el director ejecutivo de la agencia, Luis A. Pérez Vargas, mediante declaraciones escritas. Añadió que el análisis estará bajo la jurisdicción del Área de Investigaciones y Procesamiento Administrativo.
“La Oficina llevará a cabo un análisis minucioso, objetivo y estrictamente confidencial. Nuestro compromiso es garantizar una evaluación responsable y conforme a derecho, asegurando que cada paso del proceso investigativo se realice con total rigor y transparencia institucional”, sostuvo Pérez Vargas.
El funcionario aclaró que la evaluación de la OEG se enfocará en determinar si hubo violaciones a la Ley de Ética Gubernamental, ya que el Departamento de Justicia evaluó el caso desde el ámbito criminal y concluyó que no se configuró delito alguno.
El asunto fue referido a Ética la semana pasada por el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Luis Javier Hernández. Este solicitó a la agencia investigar a Roig Fuertes por, presuntamente, “promover” la otorgación de un contrato de $60,000 mensuales al Hogar Hacienda Don Luis para el cuidado de un participante, con la condición de que se subcontratara a la empresa One Source Investigations para servicios de cuido y seguridad.
En 2022, el entonces secretario de Salud, Carlos Mellado, también refirió el caso al Departamento de Justicia por posibles violaciones a la Ley de Ética Gubernamental y al Código Penal, alegando uso de facultades oficiales y fondos públicos para beneficiar a un negocio privado. Según la información del Departamento de Salud, Roig Fuertes habría presionado a proveedores de servicios para subcontratar a la compañía One Source Inc., sin someterse a los procesos requeridos de contratación gubernamental.
Sin embargo, el 25 de octubre de 2025, Justicia concluyó que el contrato cuestionado —otorgado en 2021 por $60,000 mensuales— “no era arbitrario” y respondía a la severidad del diagnóstico del paciente, archivando así la investigación criminal contra la ahora secretaria de la Familia.
