El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Luis Javier Hernández, insistió este lunes en que se reabra la investigación contra la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes. El legislador alegó que el Departamento de Justicia no incluyó documentación esencial sobre el contrato de $60,000 mensuales otorgado para el cuidado de un paciente identificado con las siglas INR.
Según Hernández, Justicia no consideró una demanda de cobro presentada el 12 de octubre de 2022 por One Source Investigations, empresa que ofrecía seguridad al paciente en el Hogar Hacienda Don Luis. En dicha demanda, la compañía admite que su presidente, junto con Wilfredo Benítez, intervino para obtener el contrato, lo cual, según el senador, constituye una admisión que amerita reabrir la pesquisa.
El legislador también responsabilizó al presidente de One Source, Jesús Nadal, por supuesta intervención irregular. “No son alegaciones, son admisiones que Justicia debe investigar”, afirmó.
Por su parte, la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez, rechazó la solicitud y sostuvo que “no se omitió contenido ni se retiraron documentos de la investigación”. Aseguró que toda determinación se adoptó conforme a derecho y basada en la evidencia disponible. “La justicia no se maneja por impulsos ni titulares, sino por evidencia y por lo que dicta la ley”, precisó en declaraciones escritas.
Roig Fuertes declinó comentar sobre el asunto, indicando que respeta los procesos oficiales de requerimiento de información y que ha aclarado el tema públicamente “en múltiples ocasiones”.
Hernández argumentó además que, según la investigación del programa Rayos X (Telemundo), se intentó replicar el mismo esquema de cobro en otro hogar. Dicha pesquisa expuso que en 2021, cuando Roig Fuertes dirigía la División de Discapacidad Intelectual del Departamento de Salud, concedió un contrato de $60,000 mensuales al Hogar Hacienda Don Luis para cuidar a un solo paciente.
One Source Investigations demandó luego al nuevo proveedor, reclamando $120,000 por servicios de seguridad entre enero y marzo de 2022. El senador José A. Santiago indicó que el caso demuestra nuevas intervenciones de Nadal y Benítez para obtener contratos sin seguir procesos oficiales.
Justicia había concluido, el 25 de octubre de 2025, que el contrato otorgado por Roig Fuertes “no era arbitrario” y respondía a la severidad del diagnóstico del paciente, sin evidencia de que la funcionaria impusiera la contratación de One Source Investigations como condición.
No obstante, la delegación popular sostuvo que Justicia tampoco analizó 24 páginas del informe del Departamento de Salud que no fueron remitidas a la agencia, entre ellas un correo electrónico en el que Roig Fuertes habría compartido información contractual confidencial. Hernández añadió que el expediente tampoco incluye un informe donde el entonces secretario de Salud, Carlos Mellado, formuló alegaciones directas contra Roig Fuertes por posibles violaciones a la Ley de Ética Gubernamental y al Código Penal.
“El Departamento de Justicia debe reabrir el caso porque hay prueba nueva”, insistió Hernández.
