Los aranceles impulsados por el presidente Donald Trump provocaron un aumento de más de $16 millones en la primera fase de las instalaciones de baterías de almacenamiento de energía que desarrolla Genera PR, un proyecto financiado completamente con fondos federales.
El incremento fue informado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que el viernes aprobó una enmienda a los contratos de Tesla, suplidor de los equipos. Según indicó el organismo, “el cambio de orden propuesto aumenta el tope agregado de los contratos por $16,620,719.90 para cubrir los aranceles federales nuevos o incrementales que no estaban en efecto al momento de la ejecución de los contratos, sin modificar los términos”.
Los ajustes autorizados aplican a los proyectos en la central Costa Sur (Guayanilla) y en las estaciones de generación de Vega Baja y Cambalache (Arecibo), donde se prevé instalar baterías con capacidad para almacenar y despachar 172 megavatios (MW).
Hace unas semanas, Genera PR anunció el inicio de las demoliciones necesarias para la construcción de los sistemas de baterías en Cambalache. En total, el proyecto —que busca reducir los relevos de carga en un 90%— alcanzará una capacidad de 430 MW con instalaciones adicionales en las centrales de Palo Seco (Toa Baja), Aguirre (Salinas) y en la estación de Yabucoa.
No fue posible obtener la reacción de Genera PR sobre si se esperan nuevos sobrecostos relacionados con los aranceles promovidos por Trump en su segundo mandato en la Casa Blanca. El costo original del proyecto era de aproximadamente $758 millones, financiado en un 90% por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y un pareo del 10% del Departamento de la Vivienda federal.
“La JSF expresó que Genera ha certificado que los cambios de órdenes propuestos serán cubiertos completamente con fondos federales provenientes de FEMA”. Los contratos con Tesla —empresa de Elon Musk, ex asesor especial de Trump— incluyen la compra, pruebas, transportación, entrega y mantenimiento de las baterías industriales.
Aunque el aumento no afecta directamente los fondos estatales, podría limitar la capacidad para desarrollar otros proyectos en el sistema eléctrico con las asignaciones disponibles bajo los programas de reconstrucción.
