El Senado de Puerto Rico solicitará información a distintas agencias del gobierno en torno a las alegaciones contra la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes. La determinación surge con el propósito de “fijar responsabilidades”, según expresó el presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz.
Una investigación del programa Rayos X de Telemundo reveló un contrato de $60,000 mensuales, otorgado en 2021 mientras Roig laboraba en el Departamento de Salud, para el cuido de un solo participante. Ante esto, Rivera Schatz anunció requerimientos de información dirigidos a varias dependencias gubernamentales.
El líder legislativo explicó que busca aclarar si la funcionaria, ahora parte de la administración de Jenniffer González Colón, fue notificada de alguna investigación y si existe evidencia de que haya sido considerada persona de interés por el Departamento de Justicia u otra entidad. El Senado ya recibió copia del informe de Justicia que concluyó que el contrato “no era arbitrario” y respondía a la severidad del diagnóstico del paciente atendido en un hogar de Vega Alta.
“Si corresponde, fijaremos responsabilidades, aseguraremos el servicio a quien lo necesita y divulgaremos todos los hechos de este caso”, expresó Rivera Schatz en redes sociales. Además, pedirá confirmar si durante los años 2021 a 2025 hubo alguna notificación sobre investigaciones inconclusas o en curso, y solicitará copia certificada del expediente preparado por el asesor legal del Departamento de Salud, el licenciado Miguel Verdiales.
Otro de los requerimientos busca conocer si el participante del contrato sigue recibiendo servicios, a qué costo y bajo qué proveedor.
Durante una conferencia de prensa, Rivera Schatz señaló que no anticipará conclusiones. “Ojalá que no haya ningún problema, ojalá que haya cumplido, ojalá que haya una explicación, pero, si no la tiene, tiene un problema”, advirtió.
Por su parte, Suzanne Roig Fuertes expresó en declaraciones escritas el 27 de abril que siempre ha estado tranquila y confiada en que la verdad saldrá a la luz. “He actuado con integridad, ética y profesionalismo. Seguiremos trabajando por las familias y el pueblo de Puerto Rico”, afirmó.
El Departamento de Justicia determinó que no existía evidencia para concluir que Roig impusiera la contratación de la empresa One Source Investigations como condición para la otorgación de servicios al Hogar Hacienda Don Luis. En su informe, la agencia sostuvo que lo evaluado no mostró ilegalidad alguna, sino procedimientos normales dentro de los servicios para personas con discapacidad intelectual, supervisados por monitores federales.
“El Estado no cuenta con prueba alguna que corrobore las alegaciones sobre actos ilegales o delictivos relacionados con la señora Roig”, concluye el informe de 15 páginas.
